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Buscan frenar posibles abusos del comercio digital al exigir sucursales físicas en Tucumán para atender reclamos

Legisladores de Fuerza Republicana presentaron un proyecto para obligar a las empresas de servicios que operan en la provincia a tener al menos una oficina de atención presencial, tras casos de desatención y la falta de espacios físicos locales para resolver quejas o conflictos.

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14 may, 2025 03:40 p. m. Actualizado: 14 may, 2025 03:40 p. m. AR
Buscan frenar posibles abusos del comercio digital al exigir sucursales físicas en Tucumán para atender reclamos

El avance de la tecnología y los canales digitales brindados a través del comercio electrónico, si bien se presentan como una alternativa que posibilita el ahorro de tiempo y un mayor dinamismo para acceder a todo tipo de productos o servicios, el problema se plantea cuando existen causas fundadas que obliguen a los consumidores a exigir una respuesta concreta y efectiva ante alguna queja, duda o ante la necesidad de devolver el bien adquirido o dar de baja a determinada suscripción.


Es por ello, que en la Legislatura provincial, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) presentaron un proyecto que tiene como objetivo la obligatoriedad a toda compañía de servicios que comercialice sus productos en Tucumán, de contar, con por lo menos, una sucursal con atención al público de forma presencial.


En caso de incumplimiento, la iniciativa sostiene que se le impondrá a la compañía una multa diaria cuyo valor será determinado por la autoridad de aplicación, en este caso, el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Dirección de Comercio Interior.


"Gran parte de las empresas de servicios, luego de la pandemia han decidido cerrar sus sucursales en nuestra provincia, migrando toda su atención a canales no

presenciales, conservando únicamente sus domicilios físicos en sus casas matrices.

Esta metodología que se viene implementando genera graves conflictos respecto de la calidad de atención a los ciudadanos de la provincia, aún más si le sumamos la existencia de un conflicto Judicial, al momento que cursar una notificación a dichas compañías", sostuvieron los parlamentarios en las argumentaciones del proyecto.


Para ejemplificar, Bussi y Verón Guerra utilizaron un reciente "caso gravísimo en donde una pasajera que contrató su servicio de traslado a través de una aplicación de celular, perdió la vida junto a su bebé. La aplicación que vende sus servicios en esta provincia no cuenta con ningún canal de atención local, es decir, no les conocemos sus caras, lo cual dificulta severamente cualquier tipo de reclamo que deba hacerse a esta empresa", remarcaron.





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