CONFLICTO GREMIAL
ATE anunció paros en aeropuertos y desafía la reforma laboral
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó medidas de fuerza que afectarán a más de 27 aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo. El conflicto, impulsado por reclamos salariales, se desarrolla en medio de la implementación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que fija nuevas condiciones para las huelgas en servicios esenciales.
La ATE anunció una serie de paros en el sector aeronáutico que impactarán en aeropuertos de todo el país durante varias jornadas de marzo. Las medidas de fuerza se realizarán los días 18, 19, 20, 23 y 24, con interrupciones previstas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. El reclamo está vinculado a la falta de actualización salarial para trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El conflicto se produce en un contexto de tensión con el Gobierno nacional por la reciente implementación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece nuevas reglas para el ejercicio del derecho a huelga en servicios esenciales. Entre otros puntos, la normativa dispone que durante un paro debe garantizarse al menos el 75% del funcionamiento habitual en actividades consideradas críticas, como la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la nueva legislación y adelantó que el sindicato no se considera obligado a cumplirla. El dirigente, vinculado al Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), aseguró que el gremio continuará con las protestas en las mismas condiciones que antes de la reforma y llamó a los trabajadores a desobedecer la normativa mientras se discute su constitucionalidad.
Durante las jornadas de protesta, algunas áreas operativas continuarán funcionando, entre ellas Bomberos, Sanidad y determinados controles técnicos, que no se sumarán a la medida. Sin embargo, el conflicto podría generar demoras y alteraciones en los vuelos si las negociaciones no avanzan, en un escenario que anticipa una fuerte disputa entre el sindicato y el Gobierno sobre los límites del derecho a huelga en los servicios esenciales.
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