Alarma en las escuelas: investigan al menos 86 amenazas de tiroteos en Tucumán

La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas de Tucumán encendió las alarmas en el sistema educativo y derivó en una investigación judicial de gran escala. Según confirmó la secretaria de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, Brenda Deroy, hasta el momento la Justicia recibió 86 denuncias vinculadas a intimidaciones en instituciones educativas de la provincia.

Las amenazas fueron reportadas en establecimientos públicos y privados y presentan características similares, lo que llevó a centralizar la investigación en la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público.

“Hasta el fin de semana hemos recepcionado 86 denuncias en distintas jurisdicciones de la provincia, tanto en instituciones privadas como en escuelas públicas. Es una barbaridad, es muchísimo”, señaló Deroy en declaraciones a la emisora LV12.

La funcionaria explicó que la mayoría de las intimidaciones consisten en mensajes escritos en pasillos o baños de los colegios, en los que se anuncia un supuesto ataque armado para una fecha determinada. “La mayoría de las denuncias tiene el mismo tenor: son mensajes escritos en pasillos o en baños donde mencionan un posible tiroteo en determinado día. En muchos casos anunciaban un tiroteo para el día viernes”, detalló.

Ante la magnitud de los casos, el Ministerio Público decidió concentrar todas las denuncias en una sola fiscalía para agilizar las medidas investigativas. La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Mariana Chivadaneira.

Según explicó Deroy, inicialmente las denuncias estaban distribuidas entre distintos fiscales, pero luego se resolvió centralizarlas para coordinar las medidas judiciales.

“Por una decisión institucional todas las denuncias se concentraron en la Unidad de Delitos Complejos, a cargo de la doctora Mariana Chivadaneira”, indicó.

Los casos se registraron en distintos puntos de la provincia, entre ellos San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros.

Medidas en las escuelas y allanamientos

A partir de las denuncias, equipos del Ministerio Público se presentaron en los establecimientos para preservar evidencias y recabar información que permita avanzar con la investigación.

Deroy aclaró que estas intervenciones no constituyen técnicamente allanamientos, sino medidas preventivas realizadas con la colaboración de las autoridades escolares. “No son medidas de allanamiento. Son medidas preventivas para resguardar evidencia, principalmente registros fílmicos, fotografías de los lugares donde estaban las escrituras y testimonios cuando correspondía”, explicó.

Las cámaras de seguridad de los establecimientos también forman parte de las pruebas analizadas. “Si bien muchas pintadas se realizan en sanitarios, donde no hay cámaras por una cuestión lógica de privacidad, sí existen cámaras en los pasillos que permiten conocer el ingreso y egreso de las personas”, sostuvo.

Allanamientos en domicilios

En paralelo, durante el fin de semana la Justicia avanzó con allanamientos en domicilios vinculados a menores señalados en la investigación, con autorización del juez de menores. “Se han allanado domicilios donde estaban señalados los menores involucrados. Son alumnos de las instituciones que, por supuesto, viven con sus progenitores”, explicó Deroy.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que la investigación se encuentra bajo reserva y que no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen de las amenazas. “No descartamos ninguna posibilidad en este estadio de la investigación, incluso la eventual participación de adultos detrás de este despliegue masivo”, advirtió.

Posibles responsabilidades

Deroy señaló que, una vez que se determine la autoría de las amenazas, deberán analizarse distintos factores antes de establecer responsabilidades. “Hay muchos factores que intervienen, principalmente la edad del menor. No es lo mismo determinar una autoría en un menor de 14 años que en uno de 16”, explicó.

Además de las eventuales responsabilidades penales, la funcionaria indicó que también podrían existir responsabilidades civiles por parte de los padres o tutores.

“Esto no solo tiene que ver con la responsabilidad penal, sino también con la responsabilidad civil que pueden tener los padres en los casos concretos”, afirmó.

La seguidilla de amenazas llevó también al Gobierno provincial a reforzar las medidas preventivas en el ámbito educativo. Semanas atrás se dictó un decreto que establece sanciones y prevé el traslado de estudiantes que participen en este tipo de amenazas, con el objetivo de preservar la seguridad y la convivencia dentro de las escuelas.

Mientras tanto, desde el Ministerio Público confirmaron que la investigación continúa abierta y que no se descarta la realización de nuevas medidas judiciales en los próximos días. “Las medidas están en curso y van a continuar”, concluyó Deroy.