
Con el objetivo de evitar la revictimización y garantizar un acceso a la justicia más ágil, la Legislatura de Tucumán comenzó el tratamiento de una iniciativa que permitiría a las víctimas de abuso sexual infantil suprimir el apellido de su progenitor agresor sin salir del fuero penal. El vicegobernador Miguel Acevedo recibió a las impulsoras del texto y a sobrevivientes del sistema, poniendo a disposición la Comisión de Familia para transformar este reclamo social en una herramienta normativa que proteja el derecho a la identidad y facilite el proceso de reconstrucción personal de los afectados.
La esencia del proyecto radica en una reforma procedimental: que la víctima pueda desvincularse legalmente de la identidad de su atacante en la misma sentencia penal que condena el abuso, sin necesidad de iniciar una acción civil por separado. Según explicaron las abogadas Ingrid Lausberg y Johana Resolla ante las autoridades parlamentarias, se busca resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes vulnerados, eliminando obstáculos burocráticos que hoy obligan a procesos paralelos.
Lausberg precisó que “este proyecto busca que la víctima de abuso sexual por parte del progenitor pueda decidir, en resguardo de rehacer su vida y proteger su identidad, tener la posibilidad de suprimir el apellido del agresor”. Además, enfatizó que, aunque “presupuestariamente no es una iniciativa que implique un gran movimiento”, su relevancia radica en un “impacto social fundamental” para los operadores del sistema y las víctimas.

La propuesta surge del activismo y la experiencia directa de sobrevivientes como Sofía Rubino, quien tras un proceso judicial de ocho años presentó en la Cámara su libro Somos Sobrevivientes junto con la propuesta de ley. Al respecto, Resolla destacó que la intención es combatir la revictimización constante de quienes son vulnerados en su integridad, buscando “simplificarles la vida y contribuir a que puedan reconstruirla” mediante un acceso “más rápido y accesible a la justicia”.
En este sentido, Lausberg agregó que el espíritu de la ley es que el afectado, sin importar si es niño o adulto, pueda optar por la supresión del apellido dentro de la causa penal para “rehacer su vida y no perpetuarse en el victimismo del abuso”.
Apertura parlamentaria y trabajo en comisión
Ante la presentación, Acevedo garantizó el apoyo institucional a través de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad para avanzar en el análisis técnico. La legisladora Maia Martínez subrayó la importancia de que el Parlamento funcione como una caja de resonancia para “convertir estos testimonios en proyectos y en leyes”, mientras que su par Sara Lazarte calificó el encuentro como “muy movilizante”.
Por su parte, Sofía Rubino valoró la “escucha muy activa” recibida por parte de las autoridades legislativas, señalando que la disposición de los equipos técnicos parlamentarios es un paso vital para acompañar a los jóvenes que atraviesan estos procesos en la provincia.