MENOS BUROCRACIA
SENASA elimina un requisito clave y simplifica trámites para el sector productivo
Con la Resolución 233/2026, el organismo nacional redefine su esquema de control documental. La iniciativa se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Gobierno.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso la eliminación de un requisito administrativo que durante años formó parte de los trámites del organismo. A través de la Resolución 233/2026, ya no será obligatorio presentar habilitaciones municipales o provinciales como condición previa para gestionar registros o autorizaciones ante el ente sanitario nacional.
La medida se inscribe dentro del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y apunta a reducir cargas burocráticas que, según el organismo, generaban costos y demoras innecesarias para productores y empresas. En ese sentido, desde el SENASA explicaron que la decisión busca “suprimir normas redundantes que generen sobrecostos innecesarios para el sector productivo”.
El cambio introduce un enfoque más amplio en la simplificación administrativa, ya que no se limita a un trámite específico sino que alcanza a múltiples registros y habilitaciones vinculadas a la competencia del organismo. El objetivo es evitar la duplicación de documentación y facilitar la estandarización de los procedimientos en todo el país.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que el SENASA delimita su intervención exclusivamente a cuestiones sanitarias. Según indicaron, el organismo “circunscribe sus habilitaciones estrictamente al ámbito de sus competencias sanitarias específicas”, lo que evita superposiciones con exigencias de provincias o municipios.
Sin embargo, la normativa aclara que esta flexibilización no implica una eliminación de las obligaciones locales. Los productores, empresas y actores de la cadena agroalimentaria deberán seguir cumpliendo con las normativas vigentes en materia de seguridad, higiene y uso del suelo. En ese marco, la medida busca agilizar trámites sin relajar los estándares sanitarios, al tiempo que refuerza la responsabilidad del sector privado en garantizar la inocuidad de la producción.
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