Biocombustibles: hubo apoyos al nuevo régimen, pero no acuerdo para dictaminar

El nuevo régimen de biocombustibles quedó sin dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. La reunión comenzó pasadas las 12 y expuso, otra vez, diferencias sobre las condiciones de comercialización del biodiésel, pese al respaldo que reunió la necesidad de actualizar la legislación. Los pedidos de revisión del proyecto con media sanción del Senado impidieron alcanzar un acuerdo y sumaron presión sobre el calendario.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Horacio Veller, abrió las exposiciones con una defensa de la iniciativa y del proceso de negociación que precedió a su llegada a Diputados. “Este texto que se está debatiendo tiene dos años de recorrido al menos”, sostuvo, y recordó que hubo reuniones con los distintos sectores involucrados. Según explicó, existe una coincidencia ampliamente mayoritaria sobre las dificultades del régimen vigente, al que atribuyó “un déficit de origen que la vuelve impracticable”. En esa línea, afirmó que la normativa, lejos de impulsar el desarrollo de los biocombustibles, desalentó las inversiones.

El principal desacuerdo apareció al discutir cómo quedarán posicionadas las empresas de biodiésel dentro del nuevo esquema comercial. Las intervenciones distinguieron entre firmas integradas y no integradas, y advirtieron sobre el impacto que también tiene la ubicación de las plantas y su distancia de los puertos. Desde Buenos Aires, Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) respaldó la apertura de una mesa de negociación para revisar los cambios incorporados durante la votación en el Senado. “Debemos contemplar a todos los sectores que sí verán afectados su desarrollo y fuentes de trabajo”, planteó. Su pedido apuntó a que Diputados ejerza su función de cámara revisora y busque condiciones que eviten perjudicar a una parte de la actividad.

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), también representante bonaerense, diferenció la discusión del biodiésel del respaldo que recibe el capítulo del bioetanol. Sobre este último, señaló que la media sanción aporta tranquilidad y no genera las mismas objeciones. Para el biodiésel, propuso elevar del 10% contemplado en el proyecto al 12,5% la proporción de mezcla obligatoria con gasoil, con el objetivo de resguardar la participación de las pymes. “La idea sería una ley de consenso para que no haya ningún despido ni tampoco fábricas con capacidad instalada ociosa”, expresó. Pablo Todero (Unión por la Patria), de Neuquén, acompañó la búsqueda de un corte del 12,5% y de una extensión del plazo de protección para las pequeñas y medianas empresas.

El santafesino Germán Martínez (Unión por la Patria), pidió aprovechar el tiempo disponible para negociar modificaciones y coordinar su eventual tratamiento posterior con el Senado. Mencionó el 18 de noviembre como una posible fecha de sesión que evaluaría el oficialismo. “Podemos conciliar los cuatro intereses”, sostuvo, en referencia a las empresas integradas y no integradas y a las distintas condiciones logísticas. También reclamó que la negociación se desarrolle dentro de la Cámara y de manera pública: “Hagamos las negociaciones acá, a la luz del día”.

Diputados tucumanos en defensa del proyecto

Federico Pelli (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa por su impacto sobre la producción y el empleo tucumanos. Sostuvo que la discusión involucra a productores, cañeros y familias vinculadas con una industria que forma parte de la tradición provincial, por lo que pidió ampliar la mirada más allá de los costos. “Tucumán no necesita que le regalen nada, necesita que la dejen crecer y producir”, afirmó. Para el diputado, elevar el corte abre posibilidades de inversión y producción, y permite aprovechar las capacidades del norte argentino. También aclaró que el planteo no busca enfrentar a Tucumán con las provincias petroleras, sino generar valor agregado y oportunidades con reglas claras.

Gladys Medina (Bloque Independencia) también expresó su respaldo al proyecto y puso el acento en el papel de la caña de azúcar como fuente de trabajo para miles de familias. Recordó que la actividad marcó la historia de Tucumán y del norte argentino, y destacó su capacidad para movilizar la economía provincial y regional. “Como tucumana defiendo este proyecto”, manifestó. Aunque reconoció la necesidad de buscar una mesa de negociación, ratificó que defenderá la industria azucarera junto con sus compañeros de bloque, especialmente en un contexto económico que describió como muy difícil.

Entre quienes pidieron avanzar con el texto del Senado, Gisela Scaglia (Provincias Unidas), de Santa Fe, recordó el trabajo de ocho provincias para modificar una legislación que, según sostuvo, limita la producción. “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”, resumió, tras expresar su preocupación porque el plenario no lograra dictaminar. María Inés Zigarán (Provincias Unidas), de Jujuy, advirtió que las diferencias por el biodiésel no deberían convertirse en una barrera para las regiones que esperan la reforma y propuso abordarlas mediante una normativa complementaria. Desde La Libertad Avanza, las intervenciones de los representantes de Salta, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires también reclamaron celeridad y destacaron las posibilidades de inversión, empleo y mayor demanda agrícola.

Los apoyos, sin embargo, no alcanzaron para destrabar el desacuerdo. El plenario dejó expuestas dos posiciones: avanzar sin cambios con el texto aprobado por el Senado para evitar nuevas demoras o revisar el capítulo del biodiésel antes de emitir dictamen, con garantías para las empresas que advierten riesgos sobre su continuidad. El escenario sigue abierto en la Cámara baja, pero el margen para alcanzar un acuerdo y convertir el proyecto en ley durante el período ordinario es cada vez más corto.