Usuarios denuncian que el precio de la energía aumentó cerca de 600% y reiteraron críticas a EDET

Organizaciones de defensa de los consumidores renovaron este martes sus cuestionamientos por el costo de la energía eléctrica en Tucumán y denunciaron que el precio de la energía acumula un incremento aproximado del 600% desde el inicio de la actual gestión nacional. El planteo se conoció mientras avanza un nuevo esquema de actualizaciones de la tarifa de EDET que contempla tres subas consecutivas entre septiembre y noviembre.

El reclamo fue formulado por La Unión de Usuarios y Consumidores de Tucumán, la Red de Defensa de Usuarios y Consumidores (REDECU) y la Federación de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios (FODECUS), luego de la denominada Marcha de las Velas realizada este lunes en San Miguel de Tucumán.

Según señalaron las entidades, el nuevo ajuste se aplica sobre los fuertes incrementos que ya registró el precio de la energía. En ese sentido, estimaron que desde el comienzo de la actual gestión nacional la suba acumulada ronda el 600%.

A ese escenario se suma el esquema tarifario aprobado por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), que establece incrementos escalonados del 4% en septiembre, 3,5% en octubre y 2,1% en noviembre.

Aplicados de manera acumulativa, esos tres ajustes representan una suba cercana al 10%. De todos modos, el impacto final sobre cada factura dependerá de la categoría del usuario, el nivel de consumo y los subsidios correspondientes.

Las organizaciones advirtieron que los incrementos de las tarifas se producen en un escenario en el que los ingresos de numerosos usuarios no evolucionan al mismo ritmo que el costo de los servicios esenciales y pusieron especialmente el foco en la situación de los hogares, jubilados y pequeños comercios.

Reclamo contra el ERSEPT

Además de cuestionar el impacto de las facturas, las asociaciones reclaman mayores controles sobre EDET y más transparencia en la actuación del ERSEPT.

El planteo apunta también a los mecanismos mediante los cuales se determinan y discuten las actualizaciones tarifarias. Las organizaciones consideran necesario revisar esos procedimientos y garantizar una participación efectiva de los usuarios en las decisiones.

En ese marco, La Unión impulsa una iniciativa legislativa destinada a reemplazar el sistema de consulta pública documentada por audiencias públicas orales, que puedan desarrollarse tanto de manera presencial como híbrida.

La propuesta contempla además la creación de un Consejo de Usuarios integrado por asociaciones de consumidores, con el objetivo de otorgarles una representación directa en las discusiones relacionadas con los servicios públicos.

Para las organizaciones, el carácter esencial de la energía eléctrica exige que las tarifas sean razonables, cuenten con información pública que las respalde y tengan en consideración la capacidad económica de los usuarios. “Ninguna familia debería tener que elegir entre pagar la luz, comprar alimentos o adquirir medicamentos”, expresaron desde La Unión.