Título: Audiencias públicas con fuertes restricciones: sólo 400 oradores de 100 mil inscriptos

Las audiencias se desarrollarán en dos jornadas: una presencial el miércoles 25 y otra virtual el 26. No estarán exentas de conflictos, ya que, además de restringir la cantidad de oradores, se estableció que sólo podrán concurrir los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

También está pendiente la resolución sobre la medida cautelar presentada ante la Justicia por la organización Greenpeace para que el Congreso garantice la participación oral —presencial o virtual— de los 100 mil inscriptos, causa que recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico.

Si el juez ordena asegurar esa participación, las audiencias deberían extenderse durante aproximadamente 500 días, considerando exposiciones de 200 oradores por jornada.

El proyecto genera rechazo en un sector de la oposición, mientras que su sanción es impulsada por un grupo de gobernadores aliados que buscan flexibilizar las restricciones vigentes para atraer inversiones en megaminería e hidrocarburos, lo que también despierta preocupación en organizaciones ambientalistas.

El bloque de La Libertad Avanza definió un mecanismo de participación por el cual sólo podrán exponer unos 400 de los 100 mil inscriptos, ya sea de manera presencial o virtual, mientras que el resto deberá presentar sus aportes por escrito o mediante videos.

Pese a los pedidos de la oposición para ampliar la cantidad de jornadas, el oficialismo mantuvo las fechas fijadas en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

De este modo, las exposiciones presenciales se limitarán a cerca de 200 participantes, mientras que otros 200 lo harán por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá enviar su postura por escrito o a través de un video de no más de cinco minutos.

La medida es rechazada por sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

Una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, establece que podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.

El texto dispone que se invitará a participar de forma presencial el miércoles 25 de marzo y virtual el jueves 26 a quienes estén dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción, y garantiza la participación de representantes de las 24 provincias para asegurar un criterio federal. También aclara que todas las presentaciones —presenciales, virtuales, en video o por escrito— serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para el tratamiento del proyecto.

En paralelo, Greenpeace solicitó a la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de todos los inscriptos, y pidió que se ordene al Congreso adecuar el cronograma mediante su ampliación o la incorporación de nuevas jornadas, además de adoptar las medidas necesarias para asegurar una participación efectiva.

La organización también requirió que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral, como su reemplazo por presentaciones audiovisuales o el envío de videos a plataformas digitales, por considerarlos incompatibles con estándares básicos de participación pública.

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares actualmente vedadas a actividades extractivas e industriales.

Además, la iniciativa propone eliminar la prohibición automática de esas actividades en zonas periglaciares, siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental favorable, y transferir a las provincias la potestad de definir qué áreas proteger, reduciendo la intervención del Estado nacional.

Los bloques de la oposición y organizaciones ambientalistas rechazan la propuesta al considerar que podría habilitar actividades que afecten la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas.