Macome impulsa una reforma para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el reparto de fondos a municipios

El sistema de distribución de fondos públicos en Tucumán quedó en el centro del debate político tras la presentación de un proyecto de ley que propone modificar de raíz el esquema de coparticipación vigente. La iniciativa, impulsada por el legislador opositor José Macome, no solo plantea cambios técnicos, sino que abre una discusión de fondo sobre el equilibrio de poder entre la Provincia y los municipios.

Según Macome, la provincia sigue operando bajo una lógica de 1995 que no refleja la realidad demográfica ni las necesidades actuales de las ciudades tucumanas. "Hay municipios que crecieron muchísimo y siguen recibiendo recursos como si no hubieran cambiado en décadas", advirtió el parlamentario.

Bajo el nombre de “Plan de Municipios Eficientes”, la propuesta apunta a reemplazar un modelo que el parlamentario calificó como como “desordenado, poco transparente y anacrónico”, y que, según sostiene, consolidó con el tiempo una fuerte dependencia financiera de los intendentes respecto del Poder Ejecutivo provincial.

En ese sentido, uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación de la discrecionalidad en el reparto de recursos. “No se establece cuánto, cómo ni por qué; solo depende de la voluntad del Gobernador”, cuestionó Macome, al referirse al esquema actual sostenido a través del Acuerdo Fiscal.

La crítica no es solo administrativa, sino política, ya que el legislador recordó que el sistema vigente condiciona la autonomía de los gobiernos locales. Según describe la iniciativa, a la que TDN tuvo acceso, la Provincia termina garantizando el pago de salarios municipales, pero a cambio concentra el manejo de los recursos, lo que genera un vínculo de subordinación. “Eso mata la autonomía municipal”, planteó.

El diagnóstico que sustenta la iniciativa también apunta a la desactualización del régimen vigente. En los fundamentos del proyecto se señala que “la ley de coparticipación provincial es del año 1991” y que desde entonces “la provincia ha cambiado exponencialmente tanto en su población, economía como también en sus necesidades”, por lo que resulta “necesario adecuar” el sistema a la realidad actual.

En esa línea, uno de los pilares de la reforma es la incorporación de datos actualizados. El texto establece que el reparto deberá contemplar la evolución demográfica reciente, bajo la premisa de que “el número de población es un criterio objetivo de carga sobre los servicios a prestar y las necesidades a cubrir”.

Cambio en la lógica de distribución

El cambio más significativo que propone Macome aparece en la lógica de distribución. El proyecto introduce un esquema basado en tres criterios: compensatorio (70%), solidario (10%) y de eficiencia (20%). Este último componente es el que marca un giro conceptual, ya que busca premiar la calidad de gestión por sobre el tamaño de la estructura estatal.

“Habiendo estado ya contemplado el criterio de la población y el criterio solidario, es de fundamental importancia establecer también pautas que alienten la mejora en la gestión de cada municipio”, sostiene el texto, que propone “promover e incentivar gestiones con obtención de similares o mejores resultados con menores costos”.

Macome explicó que el criterio de eficiencia se medirá a partir de variables como la relación entre empleados y población, la calidad de los servicios prestados, la recaudación propia y la presión tributaria. En ese marco, el legislador propone “premiar aquellos que demuestran con parámetros objetivos una mayor eficiencia para disminuir paulatinamente el asistencialismo por mala gestión”.

Otro aspecto medular de la iniciativa es la redefinición de la masa coparticipable. El proyecto incorpora nuevos recursos al esquema, incluyendo el 20% de lo recaudado por Ingresos Brutos y Sellos, además de mantener otros tributos y asignar el 100% del impuesto automotor al municipio donde se genera. La intención, según se explica, es “asegurar una retribución justa” en función de la actividad económica real de cada distrito.

A su vez, se establecen mecanismos de control y transparencia. Los municipios deberán informar anualmente sus erogaciones, recursos y estructura de gastos, datos que serán auditados por el Tribunal de Cuentas. En caso de incumplimiento, la ley prevé sanciones directas: las jurisdicciones que no presenten la información “no tendrán participación en la distribución en relación a los indicadores que se obtengan con la información requerida”.

El proyecto también avanza sobre el esquema tributario local, en línea con la legislación nacional. En particular, prohíbe la doble imposición y limita la creación de tasas sin contraprestación efectiva. “No podrán establecer tasas que no prevean una contraprestación directa, efectiva y concreta”, establece el texto, que además aclara que “en caso de duda se entenderá que se trata de un impuesto y no de una tasa”.

La iniciativa también intenta blindar la autonomía municipal hacia adelante. Para ello, prohíbe expresamente la firma de acuerdos que contradigan el nuevo régimen. “Se prohíbe a los municipios suscribir acuerdos que establezcan mecanismos de distribución que violen lo dispuesto en la presente ley”. Ese último punto podría encontrar fuerte resistencia en la Cámara, ya que la mayoría de los municipios se mantiene bajo el esquema de Pacto Fiscal, un acuerdo suscrito con el Ejecutivo provincial por el cual ceden su coparticipación a la Provincia a cambio de fondos para el pago de sueldos y la prestación de servicios elementales.

 “El espíritu de este proyecto es premiar la eficiencia” y “dejar de vivir en el Tucumán de hace 30 años”, resumió Macome.