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Sandra Mendoza impulsa cambios a la ley de propiedad privada y critica el impacto social del proyecto oficial

La senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, planteó una serie de modificaciones al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada impulsado a nivel nacional, con el objetivo de “proteger a los sectores más vulnerables” y reforzar el federalismo en la toma de decisiones. Desde el bloque Convicción Federal, la legisladora explicó que las propuestas buscan introducir cambios sustanciales al texto original para alcanzar consensos en el Senado sin afectar derechos sociales. “Nuestro objetivo es alcanzar los consensos necesarios para que el proyecto mejore sin perjudicar a los sectores más humildes”, sostuvo. Uno de los principales puntos impulsados por el espacio es la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con el fin de preservar la vigencia de la Ley 27.453 de Régimen de Regularización e Integración Socio Urbana. Durante el debate en comisiones, Mendoza fue una de las voces críticas del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional y advirtió sobre sus posibles consecuencias. “Dentro de ese registro, 307 barrios pertenecen a la provincia de Tucumán. No podemos legislar de espaldas a esa realidad”, remarcó, al tiempo que alertó que más de cinco millones de personas podrían verse afectadas si la iniciativa avanzara sin modificaciones. En clave federal, la senadora también cuestionó los alcances de la propuesta en materia de extranjerización de tierras y planteó que las provincias deben recuperar un rol central en la definición sobre sus territorios. En ese sentido, propuso que sean los gobiernos provinciales quienes tengan la última palabra en estas decisiones, con el objetivo de fortalecer la autonomía local y la planificación del desarrollo. Otro de los ejes de la reforma impulsada por Convicción Federal apunta al régimen de desalojos. La iniciativa propone ampliar a seis meses el plazo para la resolución judicial y establecer mayores garantías para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. “Buscamos garantizar el debido proceso, el derecho a defensa y la tutela judicial efectiva, diferenciando a los inquilinos de buena fe de quienes ocupan inmuebles de manera irregular”, explicó. Finalmente, Mendoza cuestionó la estrategia legislativa del oficialismo nacional y llamó a priorizar el diálogo parlamentario. “El gobierno no debe buscar imponer mayorías automáticas en el Senado; se tiene que priorizar el debate y el trabajo parlamentario serio”, concluyó. Las definiciones de la senadora tucumana se dan en medio de un debate sensible en el Congreso, donde confluyen posiciones contrapuestas sobre el rol del Estado en la protección de la propiedad privada.

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04 may, 2026 03:33 p. m. Actualizado: 04 may, 2026 03:33 p. m. AR
Sandra Mendoza impulsa cambios a la ley de propiedad privada y critica el impacto social del proyecto oficial

La senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, planteó una serie de modificaciones al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de “proteger a los sectores más vulnerables” y reforzar el federalismo en la toma de decisiones.


Desde el bloque Convicción Federal, la legisladora explicó que las propuestas buscan introducir cambios sustanciales al texto original para alcanzar consensos en el Senado sin afectar derechos sociales. “Nuestro objetivo es alcanzar los consensos necesarios para que el proyecto mejore sin perjudicar a los sectores más humildes”, sostuvo la parlamentaria tucumana.


Uno de los principales puntos impulsados por el espacio es la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con el fin de preservar la vigencia de la Ley 27.453 de Régimen de Regularización e Integración Socio Urbana.


Durante el debate en comisiones, Mendoza fue una de las voces críticas del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional y advirtió sobre sus posibles consecuencias. “Dentro de ese registro, 307 barrios pertenecen a la provincia de Tucumán. No podemos legislar de espaldas a esa realidad”, remarcó, al tiempo que alertó que más de cinco millones de personas podrían verse afectadas si la iniciativa avanzara sin modificaciones.


La senadora también cuestionó los alcances de la propuesta en materia de extranjerización de tierras y planteó que las provincias deben recuperar un rol central en la definición sobre sus territorios. En ese sentido, propuso que sean los gobiernos provinciales quienes tengan la última palabra en estas decisiones, con el objetivo de fortalecer la autonomía local y la planificación del desarrollo.


Otro de los ejes de la reforma impulsada por Convicción Federal apunta al régimen de desalojos. La iniciativa propone ampliar a seis meses el plazo para la resolución judicial y establecer mayores garantías para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. “Buscamos garantizar el debido proceso, el derecho a defensa y la tutela judicial efectiva, diferenciando a los inquilinos de buena fe de quienes ocupan inmuebles de manera irregular”, explicó.


Finalmente, Mendoza cuestionó la estrategia legislativa del oficialismo nacional y llamó a priorizar el diálogo parlamentario. “El gobierno no debe buscar imponer mayorías automáticas en el Senado; se tiene que priorizar el debate y el trabajo parlamentario serio”, concluyó.



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