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CAMBIO DE PARADIGMA

Impulsan en Tucumán el juicio por jurados para delitos graves

Un proyecto legislativo propone incorporar la participación ciudadana en decisiones penales clave, con jurados populares y veredictos unánimes.

PorTendencia de noticias
04 may, 2026 04:28 p. m. Actualizado: 04 may, 2026 04:28 p. m. AR
Impulsan en Tucumán el juicio por jurados para delitos graves

Un proyecto de ley para instaurar el juicio por jurados en el ámbito penal fue presentado este lunes en la Legislatura tucumana, con el objetivo de incorporar la participación directa de la ciudadanía en la resolución de delitos graves y avanzar en una deuda histórica establecida por la Constitución Nacional.


La iniciativa, impulsada por el legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) y acompañada por Carolina Vargas Aignasse —titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales— y Alejandro Figueroa, propone un esquema de jurado clásico compuesto por 12 ciudadanos, titulares y suplentes. Estos serán los encargados de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, mientras que un juez profesional tendrá a su cargo la conducción del proceso y el cumplimiento de las garantías legales.


El proyecto limita la intervención del jurado a causas de alta gravedad, como aquellas que contemplan penas de prisión perpetua o delitos que afecten la vida, la integridad física o la libertad. Además, establece pilares fundamentales del sistema penal moderno, como la presunción de inocencia, el criterio de prueba “más allá de toda duda razonable” y la obligatoriedad de decisiones unánimes.


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Durante la presentación, Romano Norri sostuvo que la iniciativa busca responder a una demanda social creciente: “Para que sea el pueblo el que defina, en última instancia, en los casos graves de materia penal. Entendemos que hay un pedido de la sociedad para tener una justicia más transparente y más eficiente, y esto viene a dar respuesta a esa solicitud”.


En ese sentido, explicó que la integración del jurado no requerirá formación jurídica previa: “No se requiere título de abogado ni estudio especializado. Cualquier persona con sentido común y racionalidad puede ser jurado. Se propone paridad de género —mitad hombres, mitad mujeres— seleccionados por sorteo del padrón electoral, para que definan si una persona es culpable o inocente”.


El legislador también remarcó el carácter histórico del planteo: “Es una deuda pendiente de Tucumán de hace más de 150 años. Necesitamos una ley operativa que haga que los tucumanos recuperen la confianza en la justicia”.


La propuesta recibió el respaldo del ex juez de Cámara Penal y docente de Derecho Procesal Penal, Pedro Roldán Vázquez, quien consideró que el sistema vigente requiere esta herramienta para completarse: “Tucumán tiene un sistema adversarial desde 2018, y ese sistema solo se concibe completo con el juicio por jurados. Es un sistema en el que los abogados tienen que expresarse en términos comprensibles para el común de las personas, porque deben hacerse entender en sus teorías del caso por personas sin instrucción jurídica. En la actualidad se utilizan palabras técnicas que no llegan a la comunidad”.


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Frente a cuestionamientos sobre la falta de formación legal de los ciudadanos, el especialista fue categórico: “Los jurados tienen la misma capacidad lógica que los jueces. En la facultad no se enseña nada diferente que haga a los jueces mejores apreciadores de pruebas que cualquier persona. La lógica la tenemos todos. Doce personas piensan mejor que tres, y si además deben decidir por unanimidad, hay que debatir cada punto, lo que garantiza una decisión verdaderamente transparente y justa”.


Asimismo, destacó el rol del juez técnico dentro del esquema: “Además, el juicio por jurados prevé la dirección de un juez técnico que imparte dos tipos de instrucciones: generales —sobre las garantías del proceso— y específicas —sobre el caso concreto—, entregadas por escrito y verbalmente antes de deliberar, respondiendo todas las preguntas que sean necesarias”.


La actividad contó además con la presencia de Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Clelia Cruz Sánchez, diplomada en gestión parlamentaria, y el periodista Álvaro José Aurane.

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