Regulación de las apps de transporte: en el Concejo advierten que la Intendencia no puede fijar cupos

A menos de una semana de que venza el plazo para la reglamentación de la ordenanza que regula la actividad de las plataformas de transporte mediante autos y motos, surgen dudas respecto de si el Municipio puede establecer cupos.

Según el concejal Carlos Arnedo, el Departamento Ejecutivo no puede establecer mayores requisitos que los previstos en la normativa aprobada en diciembre por el Concejo Deliberante. "La reglamentación de esta norma deberá ajustarse estrictamente a lo aprobado por el Concejo Deliberante, respetando su letra, su espíritu y el alcance definido por el órgano legislativo", introdujo el edil.

"La normativa sancionada por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán es un acto legislativo pleno, válido y vigente, dictado en ejercicio de las competencias propias del municipio en materia de tránsito, transporte urbano de pasajeros y servicios de interés público, en el marco de la autonomía municipal reconocida constitucionalmente. En este sentido, es fundamental remarcar que la reglamentación constituye una etapa de naturaleza administrativa, cuyo único objeto es operativizar lo dispuesto por la ordenanza. Dicha reglamentación no puede modificar, ampliar, restringir ni desnaturalizar el contenido normativo aprobado por el Concejo. Tampoco introducir requisitos, cupos o condiciones que no estén expresamente previstos en la norma sancionada", expresó Arnedo, uno de los impulsores de la ordenanza finalmente aprobada.

El ex funcionario municipal precisó que la ordenanza establece un régimen jurídico "específico y moderno" para las plataformas digitales de intermediación en el transporte, "fijando condiciones de habilitación, obligaciones de las empresas, derechos de los usuarios y mecanismos de fiscalización". "Su finalidad es dotar a una actividad existente de seguridad jurídica, previsibilidad normativa, equidad regulatoria y control efectivo por parte del Estado municipal", añadió.

"Regular no es prohibir. Es ejercer el poder de policía municipal, ordenar una actividad que impacta directamente en la seguridad vial, la protección de los usuarios y la convivencia urbana. La ausencia de regulación genera informalidad y desigualdad; la regulación responsable genera reglas claras, derechos, obligaciones y control", justificó Arnedo.

Recordó que la ordenanza busca garantizar estándares mínimos de seguridad, identificación y trazabilidad del servicio; responsabilidad legal y administrativa de las plataformas digitales; condiciones de competencia leal entre taxis, remises y aplicaciones; y facultades de fiscalización claras para el Estado municipal.

"Esta normativa no enfrenta trabajadores contra trabajadores ni promueve divisiones artificiales. Por el contrario, establece un esquema de coexistencia regulada, entendiendo que el sistema de transporte urbano requiere integración, control estatal y reglas comunes para todos los actores", aclaró.

Y completó: "El Concejo Deliberante cumplió con su rol institucional de legislar, debatir, fijar el marco normativo y representar la voluntad de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Ahora el Municipio avanzará con una reglamentación técnica, responsable y ajustada a derecho, que respetará estrictamente lo aprobado por el cuerpo legislativo".