Por ley, quieren dotar a las comunas de un protocolo de intervención en casos de usurpaciones de terrenos

Luego que el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial, dependiente de la Fiscalía de Estado, ordenó formalmente a las comunas rurales a ejercer su poder de policía en materia dominial y ambiental para detectar ocupaciones irregulares, urbanizaciones no autorizadas, remociones de suelo y alteraciones del ecosistema en distintos puntos del territorio provincial, la Legislatura quiere avanzar con el planteamiento de una norma que formalice, bajo el amparo legal, el accionar de las comunas en esta materia.

En razón de ello, un grupo nutrido de parlamentarios oficialistas elevó a la Cámara un proyecto con el objeto de establecer un protocolo de actuación específico para las comunas rurales, "con el fin de responder de manera rápida, efectiva y coordinada ante los casos de usurpación de terrenos fiscales y áreas protegidas, resguardando así el patrimonio público, el equilibrio ambiental y el orden institucional", sostiene la iniciativa, que fue redactada por Carlos Gómez y recibió el acompañamiento de Maia Martínez, Francisco Serra, Adriana Najar, Walter Herrera, Nancy Bulacio, Roque Argañaraz, Carlos Funez y Roberto Moreno.

"En los últimos años, diversas comunas rurales han enfrentado situaciones de ocupación ilegal de terrenos pertenecientes al Estado provincial o situados dentro de zonas de alto valor ambiental, cultural o turístico. Estas acciones, además de vulnerar la legalidad, comprometen la integridad de espacios destinados al bien común, generan conflictos sociales, e imponen una carga institucional desproporcionada a autoridades comunales que muchas veces no cuentan con lineamientos claros para su accionar", se indica en los argumentos de la iniciativa.

Acciones

En este sentido, y como parte del protocolo sugerido, se apunta, en el articulado del proyecto que, ante una denuncia o notificación de usurpación, el comisionado comunal deberá recepcionar la denuncia formal de quien tome conocimiento de una usurpación en terreno fiscal o área natural/cultural protegida. Asimismo, procederá a recabar información preliminar sobre la situación del inmueble, o bien natural o cultural verificando la naturaleza fiscal o protegida del terreno en cuestión y las circunstancias de la ocupación, a fin de facilitar aquellos datos recabados al Ministerio del Interior, autoridad policial, Fiscalía de turno o los juzgados y/o autoridades competentes.

Seguidamente, se detalla que los comisionados comunales deberán:

• Notificar de inmediato al Ministerio del Interior, a la autoridad judicial y al Ministerio Público Fiscal de la provincia sobre la situación de usurpación.

• Informar a las fuerzas de seguridad provinciales y/o federales para que intervengan de conformidad con las normas vigentes y coordinar acciones para la recuperación del inmueble en el marco de las disposiciones judiciales.

• Coordinar con el Ente Autárquico Tucumán Turismo y otras instituciones relacionadas con la protección de áreas naturales, cuando la usurpación involucre áreas protegidas.

• Coordinar con el Equipo Interdisciplinario de prevención de usurpaciones establecido mediante Ley N° 9389.

El Gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, en las últimas semanas intervino en casos registrados en El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier, las Ruinas de Ibatín y Yerba Buena.

Sin embargo, si bien en algunos casos se logró el desalojo y recuperación de los terrenos públicos, las tomas y usurpaciones siguen produciéndose.

"La usurpación de terrenos fiscales o de áreas protegidas, ya sea mediante violencia,

engaño o permanencia indebida, no solo lesiona los derechos del Estado provincial

sobre su patrimonio, sino que puede provocar daños irreversibles a los ecosistemas y afectar gravemente proyectos de desarrollo turístico, productivo o cultural", consideraron los representantes del PJ en la Cámara.

Capacitación y recursos

Por otra parte, dejaron asentado en el proyecto en cuestión que, en caso de que la usurpación se realice en un área protegida o terreno de interés ambiental, el comisionado comunal deberá Informar al Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Medio Ambiente y otras entidades provinciales o nacionales que regulen dichas áreas, con el fin de la aplicación urgente de todas las medidas y normativas provinciales vigentes en materia de conservación ambiental y protección del patrimonio natural.

En paralelo, se propone que la autoridad provincial competente deberá implementar programas de capacitación para los comisionados comunales, orientados a:

1. La identificación y documentación adecuada de casos de usurpación de terrenos fiscales y áreas protegidas.

2. La correcta aplicación del protocolo de actuación.

3. El manejo de conflictos en áreas rurales y la coordinación efectiva con fuerzas de seguridad y autoridades judiciales.

En otro apartado de la iniciativa, los parlamentarios justicialistas establecieron que la provincia garantizará los recursos necesarios para la implementación y ejecución del protocolo, incluyendo personal, materiales y acceso a información actualizada sobre propiedad y protección de áreas naturales y fiscales.

"En definitiva, esta propuesta legislativa busca fortalecer la institucionalidad de las

comunas rurales, proteger el patrimonio de todos los tucumanos, y dotar de

herramientas operativas y legales a quienes deben actuar en el primer nivel de respuesta ante estos conflictos", sostuvieron los legisladores en su propuesta, que ya se encuentra en estudio de la Comisiones de Asuntos Municipales y Comunales y en la de Seguridad y Justicia.