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La diputada nacional de La Libertad Avanza por Tucumán, Soledad Molinuevo, cuestionó con dureza el proyecto de ley impulsado por la legisladora provincial Carolina Vargas Aignasse, del oficialismo peronista, para regular algunas publicaciones en redes sociales durante campañas electorales. A través de su cuenta en X, la parlamentaria libertaria denunció que la iniciativa representa un avance contra la libertad de expresión y vinculó la propuesta con su propia experiencia judicial, luego de haber sido denunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo a raíz de publicaciones relacionadas con la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en La Madrid.
“No hablo de libertad de expresión desde la teoría. Hablo desde mi propia experiencia, porque me tocó sufrir en carne propia una orden arbitraria para silenciarme”, expresó Molinuevo al iniciar su publicación.
La diputada sostuvo que conoce las consecuencias de cuestionar al poder político provincial y denunció la utilización de herramientas judiciales para restringir las críticas a los funcionarios. “Sé lo que significa enfrentarse al poder político en Tucumán. Sé lo que significa que se utilicen mecanismos judiciales para imponer un bozal legal, intentar acallar una voz y ejercer censura previa sobre quien piensa distinto o se anima a cuestionar al poder”, afirmó.
También cuestionó el funcionamiento institucional de la provincia. “Y sé también lo que significa enfrentar un sistema político que 'influencia' todas las instituciones de la provincia”, agregó.
El antecedente judicial que enfrentó a Molinuevo con Jaldo
Las declaraciones de Molinuevo remiten al conflicto judicial que mantuvo este año con Jaldo, luego de la agresión sufrida por Federico Pelli durante una recorrida por la localidad de La Madrid.
El episodio ocurrió cuando Marcelo “Pichón” Segura, empleado público cercano al ministro del interior Darío Monteros, atacó al diputado nacional libertario con un cabezazo. El agresor fue posteriormente condenado a tres años de prisión de ejecución condicional mediante un juicio abreviado.
Tras el ataque, Molinuevo publicó mensajes en redes sociales en los que vinculó políticamente al gobernador con lo ocurrido y atribuyó supuestas prácticas mafiosas al Gobierno provincial. Jaldo consideró que esas expresiones afectaban su honor y promovió una acción judicial en el fuero Civil y Comercial, con el patrocinio de la abogada Paula Morales Soria.
En marzo, el juez Pedro Daniel Cagna, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la V Nominación, hizo lugar parcialmente al planteo del mandatario y ordenó a la diputada eliminar las publicaciones cuestionadas. También dispuso que se abstuviera de realizar nuevas manifestaciones de características similares.
El magistrado rechazó, en cambio, el pedido del gobernador para que la legisladora se retractara públicamente y ofreciera disculpas. En abril, ante el incumplimiento de la resolución, la Justicia intimó a Molinuevo a retirar los mensajes en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de sanciones.
El conflicto continuó durante los meses siguientes. En octubre, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tucumán confirmó la orden de eliminar las publicaciones, al rechazar el recurso presentado por la diputada. El tribunal consideró que las expresiones cuestionadas excedían los límites de la crítica política al atribuir al gobernador responsabilidad en una agresión sin una base razonable que respaldara esa acusación.
Molinuevo sostuvo durante el proceso que la medida vulneraba su libertad de expresión y sus prerrogativas como integrante del Congreso Nacional.

“Los representantes del pueblo están para ser cuestionados”
En su nuevo pronunciamiento, la diputada vinculó ese antecedente con el proyecto de Vargas Aignasse, que obtuvo dictamen favorable el martes 17 de noviembre en la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura provincial.
La iniciativa busca prevenir y sancionar la difusión deliberada de información falsa o contenidos digitales manipulados durante las campañas electorales. Entre sus disposiciones contempla la intervención de la Junta Electoral Provincial, la posibilidad de requerir a las plataformas el retiro de publicaciones en un plazo de 12 horas y la aplicación de multas.
Para Molinuevo, la iniciativa representa una amenaza para quienes cuestionan al oficialismo provincial. “Por eso, frente a este nuevo avance contra la libertad de expresión, no voy a permanecer en silencio. No podemos permitir que quienes tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos se conviertan en quienes los amenazan”, manifestó.
La diputada también reclamó que los funcionarios acepten los cuestionamientos públicos como parte del ejercicio democrático. “El poder no puede utilizarse para disciplinar, intimidar o silenciar a quienes piensan diferente. Quien ejerce el poder debe aceptar la crítica, incluso la más dura. Porque en democracia los representantes del pueblo están para ser cuestionados, no para decidir quién puede hablar y quién debe callarse”, sostuvo.
Finalmente, la parlamentaria libertaria hizo una advertencia sobre el funcionamiento de las instituciones provinciales y un rechazo explícito a cualquier intento de limitar las expresiones críticas. “No hay democracia sin libertad. No hay República sin independencia de poderes. Y no hay libertad cuando el poder político pretende controlar las voces de los ciudadanos”, expresó.
Y concluyó con un mensaje en mayúsculas: “¡BASTA DE CENSURA, BASTA DE INTIMIDACIÓN Y BASTA DE ABUSO DE PODER EN TUCUMÁN! LA LIBERTAD NO SE NEGOCIA.”