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INTERNA JUDICIAL

Revés para la conducción de la AMT: la Justicia ordenó que se vuelva a confeccionar el padrón de socios adherentes

Un tribunal le dio la razón a Seguí y consideró que los derechos políticos no pueden existir antes de la aprobación estatal de la incorporación de esos socios. Los comicios están fijados para el 3 de diciembre.

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Fernando StanichTendencia de noticias
20 nov, 2026 09:22 a. m. Actualizado: 20 nov, 2026 09:24 a. m. AR
Revés para la conducción de la AMT: la Justicia ordenó que se vuelva a confeccionar el padrón de socios adherentes

Marcela Ruiz preside la Asociación de Magistrados de Tucumán.

La disputa por quiénes pueden votar en las elecciones de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) tuvo un giro judicial determinante. La Sala IV de la Cámara Civil y Comercial revocó la sentencia que había avalado el criterio de la conducción de la entidad y le ordenó confeccionar los padrones con una pauta distinta: los cuatro años de antigüedad que el estatuto exige a los socios adherentes para votar y ser elegidos se cuentan desde el 31 de octubre de 2025, no desde 2021. La decisión da la razón a la vocal Malvina Seguí, que había promovido el amparo.


La sentencia lleva la firma de las vocales Florencia Presti y Gisela Fajre, quien explicó que asumió como segunda vocal porque su colega María Soledad Monteros está de licencia y que, ante el plazo de tres días para dictar sentencia, lo hizo para “no afectar los derechos amparados”.


El tribunal hizo lugar a la apelación de Seguí contra la sentencia del 10 de noviembre, que había rechazado el amparo y levantado la medida cautelar dictada el 29 de octubre. En su lugar, declaró “arbitrario” el criterio de la AMT de computar el plazo del artículo 8 del estatuto desde cualquier momento anterior al 31 de octubre de 2025, y ordenó a la asociación confeccionar los padrones electorales conforme a esa pauta. Impuso las costas de ambas instancias a la demandada y reservó los honorarios.


El fallo repasa el trámite de la reforma estatutaria ante la Dirección de Personas Jurídicas. La asamblea extraordinaria del 5 de noviembre de 2021 aprobó el cambio, que se presentó ese mismo mes, pero el organismo formuló observaciones y advirtió que la entidad no tenía autoridades con mandato vigente. Para la Cámara, la reforma de 2021 “no produjo efecto inmediato alguno”, porque no contaba con la aprobación estatal que exige la ley. La asociación convocó a una nueva asamblea el 16 de septiembre de 2025. El 28 de octubre, la Dirección dictó la resolución 379, que aprobó la reforma, y el 31 de octubre se publicó en el Boletín Oficial.


A partir de esa cronología, el tribunal sostuvo que los artículos 5 y 40 del estatuto no se contradicen. El primero se refiere a los funcionarios “que se incorporen a partir de esta reforma estatutaria”. El segundo dispone que el estatuto entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, previa autorización de la Dirección. Según el fallo, esa fórmula comprende todo el texto “sin distinguir entre cláusulas reformadas y cláusulas mantenidas”. Añadió que el artículo 40 no fue modificado en ninguna de las dos asambleas, lo que a su criterio refleja la intención de los socios de conservarlo.


La AMT había invocado el artículo 157 del Código Civil y Comercial, según el cual la modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. La Cámara respondió que esa norma no se aplica a las asociaciones civiles, que están bajo control estatal permanente. Citó la resolución general 7/2015 de la Inspección General de Justicia, adoptada en Tucumán por la Dirección de Personas Jurídicas, cuyo artículo 404 establece que las modificaciones estatutarias no entran en vigencia hasta ser aprobadas. En su análisis, el tribunal señaló que “no puede sostenerse válidamente que los derechos políticos de determinados socios y socias comiencen su existencia, previamente a la aprobación de la propia incorporación” de esos socios. Agregó que “difícilmente pueda hablarse de ‘permanencia’ en la asociación si primero no se autorizó la ‘incorporación’”.


La sentencia aclaró que lo resuelto “no importa desconocer la pertenencia de los funcionarios y funcionarias a la entidad demandada, ni restar valor a su participación”, ni a sus aportes. Dijo que ese reconocimiento no puede traducirse en el ejercicio anticipado de derechos políticos que el estatuto difirió. También sostuvo que la solución busca compatibilizar esos derechos con los de los socios fundadores, entre los que se encuentra la actora, que son titulares del derecho a votar y competir.


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Malvina Seguí fue la jueza que objetó la confección del padrón de electores en la AMT.

Seguí había pedido que se declare que ningún socio adherente reúne la antigüedad necesaria para votar en las elecciones de diciembre. En su apelación sostuvo que el plazo de cuatro años se cumple el 31 de octubre de 2029. La AMT defendía que los funcionarios se incorporaron de manera efectiva en 2021. En el escrito que presentó ante la Cámara el martes, su apoderado, Luis Alejandro Medina, había calculado en unos 50 los socios adherentes alcanzados.


La Cámara consideró extemporánea esa presentación. Según la sentencia, ingresó el 17 de noviembre a las 22.02, cuando el plazo de 24 horas del artículo 29 del Código Procesal Constitucional había vencido a las 18. Medina había sostenido que ese día era el primer hábil para presentarse, contando el plazo desde la notificación del 13 de noviembre.


La resolución solo ordena confeccionar los padrones con la pauta indicada. No fija fecha de elecciones, prevista inicialmente para el 3 de diciembre. Los mandatos de la actual conducción vencen el 15 de diciembre. La AMT aún puede recurrir la sentencia.

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