La Provincia interna por día a 100 afiliados al PAMI tras un recorte del 41%, pero Nación niega "tener un momento de crisis"

El sistema sanitario de Tucumán se encuentra en una situación de extrema tensión debido al desfinanciamiento estructural del PAMI, cuyos fondos para prestaciones a nivel nacional sufrieron una contracción real del 41,3% en el primer trimestre. Esta tijera presupuestaria de la Casa Rosada generó un efecto dominó: ante la falta de turnos y servicios en el sector privado, los jubilados migran masivamente a los hospitales públicos provinciales. El gobernador Osvaldo Jaldo en las últimas semanas fue uno de los primeros que se puso al frente del reclamo, denunciando una deuda que asfixia las arcas locales, en un escenario de fricción creciente entre las provincias y la administración central por la cobertura de los adultos mayores.

La provincia de Tucumán se convirtió en uno de los distritos que expuso a viva voz el impacto del ajuste. Según datos del Ministerio de Salud Pública local, los hospitales tucumanos deben absorber diariamente más de un centenar de internaciones de personas que deberían ser cubiertas por la obra social nacional.

El ministro Luis Medina Ruiz (foto inferior) detalló que la desatención del PAMI no se limita a las camas de hospital, sino que se extiende a cirugías, estudios de alta complejidad y atención ambulatoria. Por este "auxilio" constante, la provincia reclama formalmente $35.000 millones a la Nación.

“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, sentenció Jaldo, quien elevó la cifra del reclamo total a $50.000 millones al contabilizar todas las deudas acumuladas por la obra social de los jubilados con la jurisdicción.

Pese al reclamo de los gobernadores, desde la dirección ejecutiva del PAMI intentan bajarle el tono al conflicto. Su titular, Esteban Leguízamo, afirmó: "No creo que tengamos un momento de crisis. La prestación sigue en forma normal". Desde el organismo argumentan que se están aplicando "controles más estrictos" para detectar irregularidades y "sobreprestaciones".

Sin embargo, los números oficiales cuentan otra historia. El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, tuvo que gestionar ante su par de Economía, Luis Caputo partidas de emergencia para intentar normalizar pagos, mientras el Tesoro retiene fondos que antes provenían del extinto Impuesto PAIS. Expertos como el economista Jorge Colina advierten sobre un "desfinanciamiento estructural", señalando que el gasto del PAMI hoy equivale al 1% del PBI, pero se ve agravado por una gestión ineficiente del envejecimiento poblacional.

El drama en el resto del país y la advertencia de los expertos

El escenario tucumano se replica con matices igual de graves en otras provincias:

• Neuquén: Dos de cada tres afiliados se atienden en el sistema público.

• Misiones: El traslado de pacientes al sector estatal supera el 30%.

• San Juan: El 80% de las cirugías de cadera del Hospital Rawson son de pacientes PAMI.

• Córdoba: El gobernador Martín Llaryora exigió que las autoridades nacionales "pongan la cara y los recursos", estimando deudas mensuales de $1.800 millones.

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, fue categórico al describir la gravedad de la situación: "Es un proceso que veníamos advirtiendo hace meses. Se caen clínicas porque no tienen espaldas financieras y los jubilados sufren porque no les alcanza ni para pagar medicamentos".

Semino también criticó el sistema de médicos de cabecera, indicando que se les asignan cupos imposibles de atender (hasta 1.000 pacientes por profesional). "El gran negocio es la enfermedad, no la salud", concluyó, sumándose a las voces que denuncian que, mientras la política discute auditorías, el ajuste lo terminan pagando los beneficiarios con su bienestar.