
A dos años del comienzo de la gestión de Javier Milei, un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela un escenario de contrastes: mientras el Gobierno ha logrado recomponer el superávit fiscal y desacelerar la inflación, la estructura social muestra cicatrices profundas. El documento precisa que si bien la economía crece, lo hace bajo un sesgo que favorece sectores como el agro y la minería, los cuales generan excedentes financieros pero demandan poca mano de obra, dejando a amplios sectores en la informalidad.
El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”, traza un diagnóstico complejo sobre el período 2023-2025. El documento sostiene que el país atraviesa un ciclo político-económico de transición que logró estabilizar variables críticas -superávit fiscal, desaceleración inflacionaria y cierta recomposición de ingresos- pero que todavía no consigue revertir los núcleos duros de desigualdad estructural.
La investigación confirma que la caída reciente de la pobreza monetaria es real, pero está atravesada por limitaciones metodológicas y por un contexto donde el alivio estadístico no se traduce necesariamente en mejoras equivalentes en bienestar, consumo o capital humano. Según la EPH-INDEC, la pobreza pasó de 40,7% en 2023 a 28% en 2025. Sin embargo, la medición de la propia encuesta de la UCA ubica ese descenso en niveles más moderados, en torno al 36,2% para 2025.

El informe advierte que parte de esa mejora puede estar “sobrerrepresentada” por cambios en la captación de ingresos en la EPH y por la falta de actualización de ponderadores del IPC y de las canastas básicas, lo que podría estar subestimando el impacto de los nuevos precios relativos, en especial en servicios.

En otras palabras, la estabilización inflacionaria habría sido el principal factor detrás del alivio estadístico, más que una expansión sustantiva del poder adquisitivo.
Mientras tanto, la estructura social mantiene una segmentación profunda. El estudio describe tres grandes tercios: una élite y clase media alta integrada a circuitos formales y globalizados; una clase media y media baja aspiracional, dependiente del ciclo económico; y un tercio inferior atrapado en empleos informales, precariedad y dependencia estructural de transferencias públicas. En esa base, la informalidad laboral se convirtió en la variable crítica del nuevo escenario.
La estructura de hogares en Argentina se divide en siete estratos bien diferenciados según sus ingresos mensuales:
Elite Socioeconómica (3%): Es la punta de la pirámide, con ingresos que parten de un piso de $30.000.000 mensuales.
Media Alta (7%): Hogares con ingresos entre $15.000.000 y $30.000.000.
Media Integrada (20%): Con ingresos de $5.000.000 a $15.000.000.
Medio Aspiracional (20%): Perciben entre $3.500.000 y $5.000.000.
Medio-Bajo Vulnerable (20%): Ingresos de $2.000.000 a $3.500.000.
Bajo No Indigente (20%): Hogares con ingresos entre $800.000 y $2.000.000.
Pobre Extremo (10%): La base de la pirámide, con un techo de ingresos de $800.000 mensuales.

Los datos de la economía
La economía creció 3,5% interanual hacia fines de 2025, pero con un sesgo sectorial marcado: agricultura, intermediación financiera e impuestos lideraron la expansión, sectores de baja intensidad en empleo. En paralelo, industria y comercio -más intensivos en mano de obra- mostraron retrocesos. El resultado fue una tasa de informalidad que pasó de 41,3% en 2023 a 45% en 2025, con el trabajo por cuenta propia como principal motor.
El empleo público cayó del 20,1% al 16,7% del total de ocupados, mientras el sector micro-informal trepó hasta representar casi la mitad del universo laboral.
En términos de ingresos, hubo recomposición, pero desigual. El salario promedio real de la ocupación principal pasó de $781.359 en 2023 a $916.509 en 2025 (a precios constantes del tercer trimestre de 2025), aunque las brechas sectoriales se mantienen: el sector micro-informal sigue pagando, en promedio, un tercio menos que el promedio general.

El informe revela que, aunque hubo una recomposición tras la fase recesiva de 2023-2024, esta ha sido profundamente desigual entre sectores:
Sector Privado Formal: Es el gran ganador de la etapa, con un incremento real de remuneraciones que amplió su ventaja respecto al promedio general. Los trabajadores registrados en este sector perciben, en promedio, $1.371.186 (a valores del tercer trimestre de 2025).
Sector Público: Sufrió un ajuste sustancial durante 2024 que erosionó su histórica ventaja salarial. Para 2025, su ingreso medio se ubicó en $1.051.361, quedando por debajo del sector privado formal registrado.
Sector Micro-informal: Presenta las mayores desventajas, con una remuneración media que es un tercio menor a la del promedio de los ocupados. El ingreso medio de este sector es de apenas $656.075.
La penalidad de la informalidad: No contar con registro laboral implica una pérdida de ingresos crítica. En el sector privado, un trabajador no registrado gana $739.950 frente a los casi 1.4 millones de uno registrado. En el sector micro-informal, el ingreso de un no registrado cae hasta los $481.868.
Más allá de la pobreza monetaria, el Observatorio introduce el concepto de “estrés económico”, entendido como la percepción de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas. En 2025, alrededor del 46% de la población vive en hogares con estrés económico, una mejora respecto de 2024, pero todavía en niveles similares a 2022-2023.

El problema de la alimentación
La inseguridad alimentaria bajó a 17,8% en 2025 tras haber alcanzado 25,9% en 2024; la privación en salud descendió a 32,6%; y el atraso en el pago de servicios a 21,2%, aunque las brechas entre estratos siguen siendo amplias.

El dato más persistente es la infantilización de la pobreza: más del 40% de los adolescentes de 13 a 17 años continúa bajo la línea de pobreza monetaria en 2025, proporción que duplica la registrada en adultos mayores. Es decir, la estructura etaria de las privaciones prácticamente no se modificó.
El informe también indaga en percepciones. El 43% considera que su situación económica es peor que la de sus padres, pero el 82,6% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que las que ellos tuvieron. Para 2026, el 39% anticipa que la situación del país será peor, aunque solo el 20,6% cree que su propio hogar estará peor.


