
Tras meses de debate y diversas propuestas, la Legislatura de Tucumán finalmente llevará al recinto el próximo jueves un proyecto unificado de "Ficha Limpia", que establece la inhabilitación para acceder a cargos públicos a personas con condenas por delitos graves. La iniciativa, que cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, establece que el impedimento para postularse a cargos electivos o ser designado en funciones del Estado se aplicará cuando exista una sentencia confirmada en segunda instancia judicial. De esta manera, el arco político optó por una versión más laxa como la impulsada por el Poder Ejecutivo o Ricardo Bussi en comparación con los planteos de legisladores como Gerónimo Vargas Aignasse, Raquel Nievas y José Macome, quienes impulsaban que la restricción operara desde la sentencia en primera instancia para proteger la "confianza pública".
Pese a la flexibilización en los plazos judiciales, el proyecto consensuado amplió el catálogo de delitos inhabilitantes. Además de las figuras contra la administración pública y el narcotráfico, se incorporaron delitos contra la integridad sexual y se incluyó el régimen de deudores alimentarios, para lo cual se prevé la creación de un registro público provincial. Esta norma se presenta como la "solitaria sobreviviente" del ambicioso paquete de reforma electoral que se propició el año pasado, el cual incluía la eliminación de los acoples, la paridad de género y la boleta única, temas que finalmente quedaron fuera de agenda ante la ratificación del sistema actual por parte del Poder Ejecutivo.

El titular de la Cámara, Miguel Acevedo, indicó que se trata de una iniciativa trabajada desde el año pasado y que alcanzó el consenso necesario en comisión para su tratamiento. “Entendíamos que ya teníamos que definirlo, y se va a hacer en esta sesión”, sostuvo. Por su parte, la presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse, destacó que el dictamen surge del análisis de distintas propuestas, tanto del Poder Ejecutivo como de legisladores, y subrayó que el texto consensuado “amplía la cantidad de delitos inhabilitantes, incorpora el régimen de deudores alimentarios, prevé la creación de un registro y establece la presentación de declaraciones juradas para quienes aspiren a ocupar cargos públicos en los tres poderes del Estado”. Al respecto, Bussi señaló que la iniciativa “busca establecer un límite ético a la función pública”, y remarcó la importancia de que los funcionarios de los tres poderes del Estado acrediten la inexistencia de antecedentes penales mediante la certificación correspondiente.
La sesión, convocada para este jueves a las 8:30 por la reunión de Labor Parlamentaria, también abordará la crítica situación del transporte público. Se dará tratamiento a la prórroga de la emergencia del sector hasta el 31 de mayo de 2028, con una cláusula que permite extenderla hasta el 2030 si persistieran las causales de crisis. La normativa faculta al Ejecutivo a otorgar subsidios y compensaciones mensuales a las empresas nucleadas en AETAT con el fin de "garantizar la prestación y calidad del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo", en un contexto de quita de fondos nacionales y aumento de costos operativos. Sobre este punto, Acevedo afirmó: “Es algo que nos preocupa y nos aflige a todos. Desde la Legislatura le vamos a dar al Poder Ejecutivo todas las herramientas que hagan falta para restablecer la normalidad en un servicio que afecta a todos los tucumanos”.
Asimismo, el temario incluye una reforma estructural al Código Tributario Provincial y a la Ley Impositiva enviada por el gobernador Osvaldo Jaldo. El aspecto clave de esta iniciativa es la reducción del 30% en la base imponible del Impuesto de Sellos para las transferencias de dominio de inmuebles, buscando corregir alícuotas que se habían tornado "muy onerosas" para el mercado. El proyecto también introduce exenciones para la adquisición o construcción de la vivienda familiar única y de ocupación permanente, además de facilitar las donaciones gratuitas de inmuebles entre parientes directos. Por último, se establece un importe fijo de $50.000 para las sustituciones de fiduciarios, completando una agenda centrada en el alivio fiscal y la idoneidad institucional. El presidente de la Legislatura también se refirió a la modificación del Código: "Hubo una sanción el año pasado que establecía una alícuota que se tornó muy onerosa de acuerdo con lo que el mercado demandaba. Hay una reducción en ese sentido, que puede no satisfacer todavía de modo total, pero hemos debatido con el Ejecutivo el proyecto y eso es lo que se lleva a sesión este jueves", explicó.

Además, en la reunión de Labor se incluyó el tratamiento de iniciativas vinculadas al sistema de salud, entre ellas la creación de un Protocolo Provincial de Atención de Emergencias Sanitarias en rutas y zonas limítrofes, orientado a mejorar la capacidad de respuesta del sistema público ante situaciones críticas , y el desarrollo de campañas de prevención y concientización sobre enfermedades de transmisión sexual.
En tanto, entre los proyectos de resolución a debatir se prevé el tratamiento de repudios a decisiones del Gobierno nacional, entre ellas los despidos en el INTI, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, la baja del programa Volver al Trabajo y la restricción del acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Completan la agenda reconocimientos a profesionales de la salud, al Servicio de Cardiología del Hospital de Niños y a eventos culturales y académicos de la provincia.
De la reunión participaron el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; y los legisladores Macome, Mario Leito, Silvia Elías de Pérez, Nancy Bulacio, Bussi, José Cano, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Hugo Ledesma, Claudio Viña, Agustín Romano Norri y Walter Berarducci, junto al secretario legislativo Claudio Pérez y el prosecretario legislativo Alejandro Martínez.