La familia del capitán Viola acude a la CIDH para que se reconozca el caso como crimen de lesa humanidad

La familia del capitán Humberto Viola, asesinado el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Acuerdo de Solución Amistosa al que llegó con el gobierno que encabeza Javier Milei.

En ese documento, que fue anunciado este lunes por la Casa Rosada, en plena conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se reconoce la responsabilidad internacional del Estado Nacional por “no haber garantizado una investigación penal plena” de ese brutal asesinato y que el mismo debe ser declarado como un delito “de lesa humanidad”.

La homologación de dicho Acuerdo por parte de la CIDH permitiría allanar el camino para que los autores directos y mediatos del ataque terrorista que todavía no recibieron una condena justa, puedan ser juzgados y condenados.

El abogado Javier Vigo Leguizamón, apoderado de la familia Viola, le explicó al portal Infobae que el Acuerdo es importante por tres razones. “La primera es que se reconoce que hubo una guerra revolucionaria en la Argentina, algo que en el Juicio a las Juntas fue negado por alguno de los camaristas como Ricardo Gil Laavedra, quien sostuvo que eso era cosa juzgada. La segunda que se lo admite como hecho de lesa humanidad. Y la tercera es que deja en claro que la doctrina que la Comisión aplicó en su informe 55/97, que emitió cuando se produjo el ataque del Movimiento Todos por la Patria al Regimiento de La Tablada, debería aplicarse a esta causa también”, detalló el letrado.

Vigo Leguizamón fue el patrocinador de la viuda de Viola, María Cristina Picón, quien falleció hace cuatro años. Ahora, el abogado representa a la hija de Viola, María Fernanda, quien en el ataque, cuando solamente tenía 5 años, fuera herida gravemente de un disparo en la cabeza.

Si bien por este hecho hubo cinco integrantes del ERP condenados a reclusión perpetua -José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco en 1976 y Francisco Antonio Carrizo en 1982-, según Vigo Leguizamón, “la liberación de los cinco se hizo mal porque fue a través del Poder Legislativo y con la ley 23.070, cuando esa conmutación de penas debió ser una atribución del Poder Ejecutivo”.

Además, sostiene que a esos condenados “se les computaron tres días por cada uno que pasaron en la cárcel y fueron indemnizados como víctimas del terrorismo de Estado”.

En el Acuerdo remitido a la CIDH también se consigna que en el informe sobre el ataque al Regimiento de La Tablada “el organismo internacional concluyó que ese ataque, que duró sólo 36 horas, configuró un conflicto armado interno que tornó aplicable, tanto para los guerrilleros como para los militares, el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra que impide torturar y asesinar a civiles inocentes y/o a prisioneros de guerra, en caso de cualquier conflicto armado, nacional o internacional” y que ese mismo criterio debería ser aplicado si el atentado contra Viola se considera “de lesa humanidad”. La Corte Suprema Nacional aplicó, en la causa “Arrillaga”, la doctrina fijada en ese Informe.

En esta oportunidad, desde la familia Viola, la pretensión no es cobrar una indemnización de parte del Estado sino “una reparación moral”.

María Fernanda Viola había difundido este martes una carta que tituló como “Cincuenta años de impunidad” en la que celebró que el Gobierno Nacional haya reconocido “hidalgamente” que el atentado sufrido por su padre, en el que también fue asesinada su hermanita, María Cristina, representa un crimen de lesa humanidad.

El Gobierno de Milei decidió cambiar la posición que el Estado argentino había mantenido hasta aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al pedido de la familia Viola. Este cambio modifica la postura que había adoptado el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, que no reconocía aquel hecho en esa categoría. Milei adoptó la visión contraria.

“El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, sostuvo el Gobierno del presidente Milei.

En su carta, María Fernanda Viola dijo que, una vez que el Acuerdo sea homologado por la CIDH requerirán “ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”.