Guerra de alegatos: uno de los millonarios pleitos por la Terminal de Ómnibus entra en fase definitoria

Mientras el Gobierno provincial avanza hacia una nueva licitación de la Terminal de Ómnibus, en los tribunales se libra una disputa millonaria con la empresa que la explotó desde 1994. En uno de los juicios clave -el expediente 655/22- quedaron expuestas con claridad las posiciones enfrentadas sobre quién debe hacerse cargo por los llamados “toques de andén” que nunca se cobraron.

La controversia no es nueva. Como ya había adelantado Tendencia de Noticias, Terminal del Tucumán SA inició al menos dos demandas contra la Provincia. Una de ellas -el expediente 824/06- ya tiene sentencia firme a su favor; la otra, más reciente, sigue en trámite y concentra ahora la discusión sobre los períodos posteriores a 2017.

En este segundo caso, los alegatos finales sintetizan el núcleo del conflicto: si el Estado provincial incumplió sus obligaciones contractuales al no garantizar el ingreso de los colectivos a la estación, o si, por el contrario, ese riesgo era propio del concesionario.

La postura de la empresa: incumplimiento estatal y “cosa juzgada”

En su alegato, la representación de Terminal del Tucumán sostiene que el eje del reclamo es la reparación por los ingresos que nunca se concretaron: los “toques de andén” correspondientes a servicios programados que no ingresaron a la estación.

Según la empresa, el contrato de concesión no solo habilitaba el cobro de esa tasa, sino que obligaba al Estado a garantizar que los colectivos efectivamente ingresaran. En esa línea, afirma que la Provincia debía “emplear todo su potencial coercitivo” para asegurar el cumplimiento de las empresas de transporte. Y recuerda que la Justicia ya determinó con sentencia firme que la Provincia es responsable por no haber ejercido su poder de policía para obligar a las empresas de transporte a ingresar a la terminal y pagar el canon por uso de plataforma (toque de andén).

La clave de su planteo está en la continuidad del incumplimiento: argumenta que lo que se discute en este juicio no es una cuestión nueva, sino la persistencia de la misma conducta estatal ya condenada en el expediente anterior. Por eso, invoca el principio de “cosa juzgada”, señalando que la responsabilidad de la Provincia ya fue reconocida por la Justicia y no puede volver a discutirse.

En ese marco, la empresa sostiene que el nuevo reclamo debe prosperar “in totum”, replicando los criterios del fallo previo y limitando el debate únicamente a la cuantificación de los daños.

La defensa del Gobierno: riesgo empresario y ausencia de garantía de ingresos

Desde la Provincia, el alegato apunta directamente a desarmar esa lógica. La Fiscalía de Estado solicita el rechazo total de la demanda y cuestiona el supuesto incumplimiento estatal.

El argumento central es que nunca existió una obligación de garantizar un volumen mínimo de ingresos ni de “toques de andén”. Según la interpretación oficial, el contrato solo establecía un esquema en el que la concesionaria debía financiarse con lo efectivamente recaudado, asumiendo el riesgo de explotación. Es más, el Gobierno argumenta que, tras una modificación contractual en 1994, la empresa aceptó percibir el toque de andén de manera directa de las transportistas, asumiendo ella misma el riesgo de cobro "al modo de una concesión por peaje".

En esa línea, la Provincia remarca que la empresa tenía herramientas para reclamar directamente a las empresas de transporte que no pagaban, e incluso inició juicios de cobro contra ellas, lo que -según el alegato- demuestra que la responsabilidad primaria no recaía sobre el Estado. Además, niega que exista una cláusula -expresa o implícita- que la obligue a pagar de su bolsillo los toques de andén que los colectivos no realizaron.

Por otra parte, el Gobierno sostiene que sí cumplió con su rol regulador: dictó normas, estableció la obligación de ingreso a la terminal y previó sanciones para los incumplimientos. Por lo tanto, rechaza que exista una omisión que genere responsabilidad indemnizatoria.

Otro punto de fricción es la interpretación del contrato. Para la defensa oficial, las cláusulas invocadas por la empresa no establecen una “garantía de tránsito mínimo”, sino apenas referencias para el equilibrio económico del contrato, sin trasladar al Estado el riesgo de recaudación.

Finalmente, el alegato oficial tacha de "poco objetiva" la pericia contable del juicio actual, afirmando que el perito se autodescribió como "parte" y utilizó documentación interna de la empresa que nunca fue incorporada legalmente al proceso.

Un conflicto con impacto millonario y definición abierta

El expediente 655/22 se suma a una disputa más amplia. En el juicio anterior, la Provincia fue condenada a pagar unos $183 millones. No obstante, la empresa pide que se actualice a $1462 millones. En tanto, la Provincia rechaza ese número y dice que ya está inscripto el pago estipulado por 183 millones de pesos en el Registro de Sentencias Condenatorias para 2026.

Finalmente, en esta nueva causa se reclaman alrededor de $2.600 millones por diferencias en los toques de andén desde 2017. Sin embargo, desde la Fiscalía de Estado relativizan esas cifras y sostienen que el impacto económico final será “muy inferior”, en línea con su interpretación contractual.

En paralelo, el reloj corre para la concesión. El Gobierno abrió el miércoles los sobres con las ofertas económicas de las tres empresas que pretenden explotar la Terminal por 20 años.