
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó una nueva jornada de capacitación obligatoria en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destinada a gerentes, responsables de áreas estratégicas y personal vinculado a los mecanismos de control interno de la entidad.
La actividad estuvo a cargo del abogado especialista en criminalidad económica y prevención de lavado de activos, Sebastián Martinenco, y se enmarca en las exigencias establecidas por la legislación nacional y por la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de supervisar las políticas de prevención y detección de operaciones sospechosas en el sistema financiero.
Durante la apertura de la jornada, el subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Antonio Bustamante, destacó la importancia de mantener actualizados los protocolos internos y de garantizar la formación permanente de los equipos responsables de aplicar las normativas vigentes.
“Estamos cumpliendo los estándares que exige la legislación vigente y los organismos de control como la UIF. Todos nuestros gerentes reciben esta capacitación y contamos además con un oficial de cumplimiento que supervisa la aplicación de las normas dentro de la institución”, señaló.
El funcionario explicó que estas instancias forman parte de un proceso continuo de actualización frente a la evolución de las modalidades delictivas vinculadas al lavado de dinero. “Las normas se van adecuando constantemente a las nuevas modalidades delictivas. Mes a mes recibimos información y actualizaciones, y una vez al año consolidamos esos cambios en una capacitación integral para todo el personal”, indicó.

Bustamante recordó además que durante el año pasado la entidad fue sometida a una inspección presencial por parte de la UIF, cuyos resultados fueron satisfactorios.
“La evaluación confirmó la regularidad con la que actúa la Caja Popular en materia de prevención y control”, sostuvo.
De la actividad también participaron el gerente general de la institución, Pablo Díaz Sánchez; el gerente de Finanzas, Carlos Ortiz Soler; y el asesor de Intervención, Carlos Cainzo.
Por su parte, Martinenco destacó que la capacitación apuntó a fortalecer las herramientas de prevención en las distintas áreas donde opera la Caja Popular, una entidad que, por la naturaleza de algunas de sus actividades, se encuentra alcanzada por obligaciones específicas en materia de control. “La Caja Popular, por sus actividades vinculadas a juegos de azar, seguros, tarjetas de crédito y fideicomisos, está obligada a brindar anualmente capacitación especializada a sus empleados en materia de prevención de lavado de activos”, explicó.
El especialista advirtió que el lavado de activos constituye uno de los principales desafíos para los sistemas financieros modernos y requiere una acción coordinada entre organismos públicos y entidades reguladas. “El lavado de activos constituye una de las problemáticas más importantes que enfrenta el sistema financiero tanto a nivel nacional como internacional. Por eso existen estándares globales que luego se traducen en obligaciones concretas para entidades como la Caja Popular”, afirmó.
En ese contexto, señaló que los recursos provenientes del narcotráfico representan actualmente una de las amenazas más relevantes para los sistemas de control. “Hoy el narcotráfico representa una de las amenazas más significativas porque genera recursos económicos que buscan ser incorporados a la economía legal. Los sistemas de control tienen precisamente el objetivo de detectar y mitigar esos riesgos”, remarcó.
Durante la jornada también se abordaron nuevas tipologías y mecanismos utilizados por organizaciones criminales para intentar legitimar fondos de origen ilícito. “Las formas de lavado son dinámicas y evolucionan constantemente. Los delincuentes buscan nuevas vías para insertar dinero ilegal en la economía formal, por lo que las políticas de prevención deben actualizarse de manera permanente”, explicó Martinenco.
Finalmente, el especialista valoró el compromiso institucional de la entidad tucumana con las políticas de transparencia y cumplimiento normativo. “Es una señal positiva que organismos como la Caja Popular sostengan estas políticas de capacitación y fortalecimiento de sus sistemas de control. La prevención del lavado de activos requiere el compromiso de todos los sectores regulados para proteger la transparencia y la integridad del sistema económico”, concluyó.