La Bancaria ratificó ante la OIT la denuncia contra el Estado argentino por una represión a trabajadores

La Asociación Bancaria ratificó formalmente su denuncia contra el Gobierno de Tucumán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El titular del gremio a nivel nacional, Sergio Palazzo, mantuvo un encuentro con María Eugenia Sconfienza, representante de la OIT en Argentina. El organismo asumirá el seguimiento de la causa elevada al Comité de Libertad Sindical en Ginebra.

La acción gremial fue respaldada por la CGT y responde a los incidentes registrados en Concepción el 5 de diciembre de 2025. Ese día, representantes de la Asociación Bancaria Tucumán realizaron una asamblea para denunciar despidos y hostigamiento laboral en el Banco Patagonia. Sin embargo, fueron reprimidos por la División Infantería de la Policía provincial.

Palazzo, acompañado del dirigente sindical y diputado nacional, Carlos Cisneros, cuestionó con dureza el accionar de las fuerzas de seguridad y la respuesta del Gobierno tucumano. “Ratificamos la denuncia contra el gobierno de Osvaldo Jaldo, Gobernador de Tucumán, por la represión violenta sufrida por nuestros compañeros y compañeras de la Seccional Tucumán, luego de una pacífica asamblea que se había realizado en una sucursal del Banco Patagonia”, expresó en sus redes sociales.

En ese marco, el dirigente gremial remarcó la gravedad del operativo y el incumplimiento de los tratados normativos. “La represión del gobierno no se condice con una democracia plena donde el derecho a protesta está avalado por la Constitución Nacional. No solo reprimen y persiguen, sino que violan la Constitución y los convenios y resoluciones de la OIT”, enfatizó el secretario general.

Los detalles de la denuncia internacional por violencia institucional

La presentación internacional detalla que la intervención de las fuerzas de seguridad se ejecutó cuando los trabajadores se retiraban del establecimiento bancario. Según el escrito formal, los agentes policiales actuaron con los rostros cubiertos, sin identificación visible, y emplearon escopetas calibre 12/70 con disparos, además de guantes tácticos con refuerzos rígidos no autorizados para la contención de protestas ciudadanas.

El operativo dejó como saldo dirigentes heridos y detenidos. Según el sindicato, esto es una violación directa a los convenios 87, 98 y 135 de la OIT sobre protección de la representación sindical y libertad de asociación.

Además, la denuncia advierte sobre presuntas irregularidades en la investigación judicial posterior en los tribunales locales. El gremio señaló el secuestro tardío del armamento utilizado, el peritaje a cargo de la propia fuerza imputada y la derivación de la causa a una fiscalía de usurpaciones y cibercriminalidad. Por último, denunció que la Justicia tucumana rechazó en reiteradas oportunidades la posibilidad de que el sindicato se constituya como parte querellante.