Hijo menor de José Alperovich, bajo la lupa judicial por el robo de miles de cabezas de ganado

Entre el lunes y el jueves de esta semana, un tribunal de Santiago del Estero, integrado por los vocales Sandra Generoso, Gabriela Núñez y Cristian Vittar, determinará el futuro judicial de un grupo de empresarios. Entre los imputados se encuentra Daniel Alperovich, quien, junto a otros acusados como Luis y Joaquín Magliano, Enrique Demichelis, Juan Pablo Miretti y Mauricio Moyano, es sospechado de integrar una "asociación ilícita" que habría orquestado el millonario robo de ganado. La acusación, llevada adelante por los fiscales de Delitos Complejos y el querellante Néstor González en representación de las empresas damnificadas "El 38" y "El Tránsito", busca ratificar la elevación a juicio de la causa.

La Fiscalía había enviado a juicio a los imputados en agosto de 2024, pero las defensas apelaron la decisión, buscando desestimar la figura de "asociación ilícita" que pesa sobre ellos. La investigación se precipitó entre febrero y marzo de 2021, cuando las firmas "San Eugenio SA", "El Tránsito SA" y "El 38 SA" denunciaron la desaparición de 3.500 animales que habían sido enviados a establecimientos de engorde de ODC en Santiago del Estero, propiedad de Luis Magliano. Semanas después, se logró recuperar 1.500 vacas, y se procedió a la detención de Luis Magliano, Damián Manzaneli (apoderado de ODC) y Juan Pablo Miretti (propietario de "Agrolam SA"), cuya empresa habría recibido hacienda presuntamente robada.

En el marco de la investigación, Daniel Alperovich fue imputado como miembro de la "asociación ilícita", bajo la acusación de haber acordado con los demás implicados la maniobra para apropiarse ilegítimamente de los animales. Durante su indagatoria, intentó explicar por qué las vacas desaparecidas terminaron en un establecimiento rural de su propiedad. A pesar de los acuerdos de resarcimiento que habrían alcanzado Demichelis, Alperovich y Miretti con las empresas damnificadas (a excepción de Magliano), el proceso ha llegado a una instancia decisiva. La defensa apuesta a desestimar la figura de asociación ilícita, argumentando que no ha sido debidamente acreditada, en un caso que dejó al descubierto complejos vínculos empresariales y políticos, y cuya magnitud se habría facilitado por las restricciones de auditorías durante la pandemia de Covid-19.