“Es imprescindible combatir la otra pandemia”: Cano denunció el fracaso del plan de seguridad vial y exigió informes al Gobierno

La situación de la seguridad vial en Tucumán derivó en un duro cuestionamiento político tras las denuncias del legislador José Cano (Radicalismo Federal-foto inferior), quien sostiene que la provincia atraviesa una crisis terminal en sus rutas que el Estado ha sido incapaz de frenar. A pesar de que la jurisdicción se encuentra bajo la Ley 9057 de emergencia, Cano asegura que los instrumentos legales y los anuncios oficiales no se tradujeron en una reducción de la siniestralidad. En este contexto, el parlamentario presentó un pedido de informes formal para que el Poder Ejecutivo rinda cuentas sobre la ejecución de políticas públicas, señalando que, “tras años de supuesta vigencia, no se ha observado ni efectivizado un solo avance concreto” y que el programa preventivo lanzado en 2022 resultó ser un “anuncio vacío que demostró la incapacidad de la administración provincial para proteger a los ciudadanos”.

El eje central de la iniciativa legislativa de Cano radica en la necesidad de obtener información oficial y documentada sobre la gestión de la emergencia, que tiene vigencia hasta el año 2027. Entre los puntos más sobresalientes del proyecto, se solicita al Ejecutivo que “indique las metas anuales de reducción de siniestros, víctimas fatales, lesionados graves e internaciones durante los últimos tres años”, además de exigir una evaluación oficial de los resultados obtenidos hasta la fecha.

El legislador puso el foco en la paradoja de una emergencia que otorga facultades excepcionales pero que no se refleja en los caminos. Al respecto, Cano apuntó que “es inaceptable que, tras tantos años de emergencia en seguridad vial que habilitan al Poder Ejecutivo a realizar compras y contrataciones directas sin licitación, las consecuencias se agraven con el paso del tiempo”. En su pedido de informes, requiere específicamente que se detallen las “compras y contrataciones para reducir la siniestralidad vial, tales como adquisición de cascos, alcoholímetros, señalética, vehículos, equipamiento en tecnología”, así como el destino final de los fondos recaudados por la implementación de la Ley Nacional de Tránsito.

La fundamentación del proyecto destaca que la seguridad vial es una responsabilidad estatal ineludible vinculada a la protección de la vida y la integridad física. Según el parlamentario, el deterioro de la red vial es evidente y peligroso, denunciando que “no se han adoptado políticas públicas tales como: iluminación, señalización vial, reparaciones de caminos y rutas, desmalezamiento”. Esta falta de inversión impactaría directamente en los hospitales públicos, motivo por el cual el legislador solicita conocer el “costo estimado para el sistema de salud pública de los atendidos con motivo de la siniestralidad vial” y las estadísticas del Registro Unificado de Accidentes de Tránsito (RUATS) desde 2023.

En los fundamentos de su presentación, Cano remarca que los siniestros viales son una de las principales causas de muerte y discapacidad, especialmente entre los jóvenes, generando un “elevado impacto social, sanitario y económico”. Por ello, sostiene que las políticas preventivas deben ser “permanentes, coordinadas, evaluables y sometidas a mecanismos de control institucional que permitan verificar su eficacia y la correcta utilización de los recursos públicos”.

Propuesta de una nueva estructura de gestión

Ante lo que define como un fracaso del actual esquema de controles, Cano insiste en la creación de una Agencia de Seguridad Vial que centralice la autoridad y profesionalice el área. En su análisis, considera que “la participación de la policía de seguridad vial viene siendo escasa o poco efectiva ya que no ha logrado revertir los índices de accidentes fatales”, proponiendo un ente que trabaje con controles inteligentes en lugar de acciones aisladas.

Finalmente, el legislador exigió al Gobierno provincial que abandone la política de los "parches" y asuma la urgencia del cuadro de situación. Para Cano, resulta vital que el Ejecutivo brinde respuestas sobre el funcionamiento del Observatorio Provincial de Seguridad Vial y los protocolos de actuación policial en rutas críticas. El ex senador concluyó enfatizando que “resulta imprescindible cuidar a todos los ciudadanos y combatir la otra pandemia que se ha cobrado muchísimas vidas que podrían evitarse”, instando a priorizar la protección de la sociedad por sobre los anuncios publicitarios sin sustento real.