El Tribunal de Cuentas obliga a las comunas rurales a constituir domicilio electrónico oficial

El Tribunal de Cuentas de Tucumán aprobó el Acuerdo N° 4431, que establece la obligatoriedad de contar con un domicilio electrónico legal para todas las personas que manejan fondos públicos en la provincia, ya sean funcionarios, empleados o responsables de organismos del Estado.

Con esta disposición, el Tribunal busca modernizar y agilizar sus comunicaciones, reemplazando las notificaciones en papel por un sistema electrónico con validez legal plena. La medida, además, apunta a reforzar la transparencia y la trazabilidad de los procesos administrativos.

En una primera etapa, la medida será obligatoria para los 93 delegados comunales de toda la provincia y sus secretarios habilitados. La decisión del TC surge en un contexto donde el manejo de los fondos públicos en esas jurisdicciones está bajo la lupa del organismo de control, tras graves irregularidades detectadas, como la que involucra a la comisionada de Las Cejas, Cristina Contreras, también investigada judicialmente por presuntos actos de corrupción.

Según se informó oficialmente, cada funcionario o cuentadante deberá registrar su domicilio electrónico a través del formulario disponible en la página oficial del Tribunal (www.tribunaldecuentas.gov.ar). Allí se completará una declaración jurada digital, que permitirá recibir de manera segura todas las notificaciones y comunicaciones del organismo.

El acuerdo conocido este lunes, tras ser publicado en el Boletín Oficial, también fija las reglas sobre cómo se considerará válida una notificación electrónica, los plazos procesales que empezarán a correr desde su recepción y las sanciones para quienes no cumplan con esta nueva obligación, que podrían incluir la declaración de rebeldía administrativa.

Si bien en una primera etapa la obligatoriedad de crear domicilio electrónico oficial rige para los comisionados rurales y los secretarios habilitados del interior, luego se extenderá al resto de los organismos provinciales.

La resolución, que lleva las firmas del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, tiene fecha del 8 de octubre. El objetivo de la medida es consolidar un proceso de digitalización que busca modernizar el control del gasto público y facilitar la gestión administrativa, reduciendo tiempos, costos y uso de papel en el Estado provincial.