El Tribunal de Cuentas aplicó cargos fiscales por más de $430 millones contra dos comunas del interior

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) volvió a poner bajo la lupa la administración de fondos públicos en el interior provincial. Mediante dos acuerdos firmados el 6 de julio, el organismo formuló cargos fiscales que, en conjunto, superan los $430 millones contra las actuales autoridades de las comunas rurales de San Felipe y Santa Bárbara y los exfuncionarios a cargo de La Esperanza, al declarar su responsabilidad patrimonial por distintas irregularidades detectadas durante los procesos de control.

Las resoluciones, firmadas por el presidente del TC, Miguel Chaiben Terraf, y el vocal Marcelo Vidal, profundizan una tendencia que el organismo viene exhibiendo desde hace varios meses: la acumulación de juicios de cuentas y sanciones económicas de elevada cuantía contra responsables de comunas rurales por deficiencias en la rendición y administración de recursos públicos.

San Felipe y Santa Bárbara: un cargo por casi $149 millones

El caso más reciente corresponde a la Comuna Rural de San Felipe y Santa Bárbara (departamento Lules), donde el Tribunal de Cuentas formuló un cargo fiscal de $148.712.372,62 contra el comisionado comunal Francisco Nahuel Villa y la secretaria habilitada Jessica Victoria Caride.

El expediente, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, se originó por la falta de presentación y regularización de los balances correspondientes a los cuatro bimestres de 2024, situación que derivó en la apertura de un Juicio de Cuentas.

Durante la investigación, ambos funcionarios fueron citados para ejercer su defensa. Inicialmente fueron declarados en rebeldía por no comparecer al proceso y, posteriormente, presentaron documentación contenida en diez biblioratos con el objetivo de justificar las observaciones formuladas.

Sin embargo, el informe técnico elaborado por la Co-Instrucción Contable concluyó que la documentación aportada no permitió subsanar las irregularidades, quedando sin regularizar un saldo de $85.357.218,44.

Ese importe fue actualizado mediante la aplicación de la tasa activa del Banco Nación, elevando el cargo fiscal hasta los $148,7 millones, monto que continuará actualizándose hasta su efectivo pago.

Como consecuencia, el Tribunal declaró patrimonialmente responsables a Villa y Caride y ordenó al Departamento Judicial avanzar con el recupero de esos recursos.

Pese a la resolución, ambos continúan ejerciendo sus funciones al frente de la comuna, ya que el acuerdo del Tribunal tiene efectos patrimoniales y administrativos.

La Esperanza: otra sanción superior a los $281 millones

En la misma fecha, el Tribunal también dictó el Acuerdo N° 2604, mediante el cual formuló un cargo fiscal por $281.366.782,82 contra el excomisionado comunal de La Esperanza (departamento Tafí Viejo) Miguel Antonio Díaz, y la exsecretaria habilitada Silvia Viviana Frías.

En este caso, el Juicio de Cuentas se originó por la falta de regularización de dos comprobantes de observación correspondientes al cuarto y quinto bimestre de 2023, en el último año de gestión de los acusados.

Las observaciones originales ascendían a poco más de $120 millones, aunque la actualización practicada durante el proceso elevó el monto reclamado a más de $281 millones, cifra que también seguirá actualizándose hasta su cancelación.

Al igual que en San Felipe y Santa Bárbara, los funcionarios fueron declarados en rebeldía durante la tramitación del expediente y finalmente el Tribunal resolvió formular el cargo fiscal en forma solidaria y mancomunada.

Una serie de fallos que expone problemas recurrentes

Los dos acuerdos vuelven a mostrar una constante en la actividad reciente del Tribunal de Cuentas.

En los últimos meses, el organismo dictó sucesivos juicios de cuentas, cargos fiscales y resoluciones contra distintas administraciones comunales del interior por balances sin regularizar, rendiciones incompletas, documentación insuficiente o incumplimientos en la justificación del destino de recursos públicos.

Entre esos antecedentes figura también el expediente de la Comuna de Los Pérez, donde el Tribunal formuló un cargo superior a $21 millones contra las autoridades comunales por irregularidades detectadas en la administración de fondos públicos.

Con los casos de San Felipe y Santa Bárbara y La Esperanza, las sanciones aplicadas por el órgano de control superan los $430 millones, una cifra que vuelve a poner de relieve la magnitud de las observaciones detectadas en distintas comunas rurales y el endurecimiento de los controles sobre el manejo de recursos estatales en el interior de Tucumán.