
Un tribunal creado en 1937 para resolver los conflictos federales de tres provincias (Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) lleva décadas funcionando como si el tiempo no hubiera pasado. La Cámara Federal de Apelaciones con sede en Tucumán acumula causas de narcotráfico, cuestiones electorales, litigios aduaneros y disputas de seguridad social en un único órgano de cinco miembros que, para dictar sentencia, necesita que tres de ellos coincidan. El resultado es lo que los operadores judiciales describen sin eufemismos como un cuello de botella: expedientes que se demoran, justiciables que esperan y un norte argentino que hace años reclama una segunda instancia federal a la altura de su complejidad.
Este jueves, el Senado de la Nación decidió que eso debe cambiar. Con 61 votos afirmativos y sin una sola voz en contra, la cámara Alta dio media sanción al proyecto que propone dividir ese tribunal en dos salas paralelas de dos miembros cada una, con un presidente que oficie de desempate cuando sea necesario. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados.
Detrás de la votación hay una historia de persistencia tucumana. La senadora Sandra Mendoza -Convicción Federal- viene impulsando esta reforma desde sus primeros meses de gestión en 2022, cuando la presentó por primera vez sin éxito legislativo. La volvió a presentar en 2026 junto al senador catamarqueño Guillermo Andrada. Pero el texto que finalmente obtuvo media sanción no es solo de Mendoza: incorpora también la propuesta de su par Beatriz Ávila, del bloque Independencia, que había llegado al mismo diagnóstico por otro camino. Dos senadoras tucumanas, de distinta extracción dentro del peronismo provincial, terminaron unificando sus proyectos y llevándolos juntas al recinto.
En su defensa ante el cuerpo, Mendoza subrayó uno de los argumentos más difíciles de ignorar en el contexto económico actual: la reforma no genera gasto. No se construye nada, no se contrata a nadie nuevo. Las dos salas funcionarán con la misma infraestructura edilicia y el mismo personal que ya existe. La posibilidad de incorporar un sexto juez al tribunal -que hoy tiene cinco- quedó contemplada en el texto pero condicionada a disponibilidad presupuestaria, con lo cual su concreción es incierta. Lo inmediato y concreto es la reorganización interna: el mismo tribunal, mejor distribuido.
El modelo que se propone no es una apuesta en el vacío. Cámaras federales de Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario ya funcionan con el esquema de salas, y los tiempos procesales lo reflejan. Tucumán, que concentra la litigiosidad federal de una región con problemas de narcotráfico estructurales y una judicialización creciente en materias electorales y sociales, quedaría alineada con ese esquema si Diputados acompaña la iniciativa.
Ávila, que también intervino en el debate, encuadró la votación en el contexto más amplio de la sesión, que incluyó la aprobación de decenas de pliegos judiciales pendientes desde hacía años. "Hace años que no se realizaban designaciones y era una deuda pendiente", señaló, y evaluó positivamente que el Senado haya avanzado en ambos frentes el mismo día.