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En una sesión conducida por el presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán aprobó la ampliación presupuestaria enviada por el Poder Ejecutivo por un monto aproximado de $1,3 billones. Desde la bancada del Partido Justicialista se defendió enfáticamente la medida argumentando que el desfasaje respecto de las pautas macrofiscales proyectadas originalmente por el Gobierno nacional tornaba indispensable el reajuste para evitar que "se paralice el Estado provincial", garantizando al mismo tiempo que la adición se fundamenta en recursos genuinos sin recurrir a nuevo endeudamiento.
Al momento de la votación, el proyecto cosechó 36 votos afirmativos, mientras que el arco opositor exhibió una profunda fragmentación que derivó en la postura de acompañamiento del radical Agustín Romano Norri, un conjunto heterogéneo de abstenciones al que se sumó sorpresivamente el peronista Hugo Ledesma, y cuatro votos negativos. A lo largo del debate, las bancadas opositoras focalizaron sus reparos en la pronunciada caída de la inversión en gasto de capital respecto a los gastos corrientes, la falta de trazabilidad en las ejecuciones mensuales y las transferencias a municipios y comunas, el endeudamiento mediante decretos con el banco Macro y la falta de tratamiento de las Cuentas de Inversión.
Para contextualizar el debate parlamentario, la norma sancionada modifica la Ley 9942, el instrumento que había fijado originalmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el ejercicio fiscal 2026 en $4,98 billones. La iniciativa gubernamental incrementa el total de erogaciones y recursos en la suma de $1,32 billones. El artículo 1° detalla que las erogaciones comprenden $1,07 billones para erogaciones corrientes y $250.000 millones para aplicaciones financieras. El artículo 2° faculta al Ejecutivo a distribuir los créditos y realizar las modificaciones de partidas indispensables para reflejar las adecuaciones en el presupuesto vigente.

Durante la apertura de la discusión en el recinto, el legislador oficialista Carlos Gallia, en su rol de miembro informante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fundamentó el dictamen del proyecto señalando: "Gobernar es administrar prioridades, pero también es tener la capacidad de adecuarse a la realidad. Como todos sabemos, el presupuesto es una herramienta dinámica y de previsión que debe responder a la realidad macroeconómica. Cuando sancionamos a fines del año pasado la ley 9942, cuyo total de erogaciones original se fijó en el orden de los 4,98 billones de pesos, esta Cámara dio sanción a ese presupuesto vigente bajo un principio de prudencia técnica, tomando como base las pautas macrofiscales fijadas por la Nación que proyectaban una inflación anual del 10%. Sin embargo, la marcha de la economía nacional marcó una dinámica diferente. Hoy las proyecciones indican que cerraremos el año con un índice inflacionario en torno al 30%. Negar esto sería paralizar el Estado provincial".
En ese mismo sentido, Gallia desestimó los cuestionamientos sobre un eventual desequilibrio o contracción de deuda para sostener el funcionamiento estatal, aseverando: "Esta ampliación de 1,3 billones de pesos que hoy tratamos no responde a un gasto desmedido ni a una improvisación, responde a un cálculo técnico exhaustivo de los créditos necesarios para llegar a fin de año luego de haber agotado todas las partidas. Y lo más importante de esta ley que quiero dejar remarcado: esta ampliación presupuestaria se aprueba con equilibrio fiscal absoluto. No estamos endeudando a la provincia para cubrir gastos corrientes. A cada peso de erogación le corresponde un peso de recurso genuino. Aprobar esta ampliación presupuestaria es garantizar en cada rincón de Tucumán que las escuelas sigan abiertas, que los hospitales sigan abastecidos, que los policías sigan prestando servicio y el Estado cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones salariales y con sus proveedores: es darle gobernabilidad, seriedad y certidumbre económica a la provincia de Tucumán".
A continuación, la legisladora Silvia Elías de Pérez expuso la perspectiva técnica de la oposición al analizar el reajuste contable en relación con la dinámica de la inflación real. Si bien la parlamentaria reconoció la lógica matemática de adecuar un presupuesto elaborado sobre las pautas teóricas del 10% nacional ante una pauta que superó ampliamente el 30%, manifestó serias reservas sobre la administración interna de las erogaciones, remarcando la necesidad de contar con mecanismos estrictos de fiscalización sobre el destino final de las partidas, posición que fundamentó la decisión de abstenerse al momento del sufragio.

Por su parte, el legislador José Cano justificó su abstención al centrar las críticas en la postergación de la obra pública y la falta de acceso a la información fiscal. "No acompañé la sanción del presupuesto vinculado a la delegación de facultades, a la falta de trazabilidad de la ejecución presupuestaria. Y si bien es cierto, es bastante razonable el ajuste del presupuesto que se está haciendo, hay dos cuestiones que me gustaría remarcar. El presupuesto que aprobó la legislatura para este año preveía un 8,5% de gasto de capital. Según la información del portal de responsabilidad fiscal que es público, la ejecución presupuestaria hoy estaría dando un poco más de 2,6% de inversión en gasto de capital y el resto gastos corrientes ", remarcó.
Asimismo, Cano denunció la opacidad en el seguimiento de las cuentas provinciales: "Cuando uno ingresa al portal de responsabilidad fiscal, que depende del Ministerio de Economía, es muy difícil acceder a las ejecuciones presupuestarias mensuales. Se desconoce, por ejemplo, cuál es la transferencia del Poder Ejecutivo a municipios y comunas, no se puede acceder a ese número... En los ingresos del Estado tucumano también es muy difícil tener trazabilidad de los fondos coparticipables".
Desde el bloque de Fuerza Republicana, el legislador Ricardo Bussi adelantó el rechazo de su espacio y denunció un endeudamiento encubierto mediante herramientas bancarias. "El miembro informante de la comisión de presupuesto dijo que la provincia no se iba a endeudar para terminar el año. Sin embargo, se ha conocido un decreto que se ha comunicado a este Poder Legislativo en base a las facultades que se le dio en la ley de presupuesto, decreto por el cual la provincia pidió un crédito de 100.000 millones de pesos concretamente al Banco Macro. La tasa que va a aplicar el banco es una tasa flotante llamada TAMAR, la cual estaría dando una tasa de cerca del 30% anual. No sé cómo dice que no se está endeudando la provincia si esto está por un decreto", increpó.

En su alocución, Bussi cuestionó también el giro en los saldos provinciales y la posición de los legisladores nacionales del oficialismo. "Teníamos el año pasado un superávit de cerca de 45.000 millones de pesos y 7 meses después tenemos un déficit del orden de los 45.000 millones de pesos. ¿Por qué los diputados tucumanos del oficialismo votan todas las propuestas del gobierno nacional si no recibe la provincia nada a cambio? Votaron a favor de la Ley Bases que eliminó los fondos fiduciarios para financiar obras públicas, votaron a favor del paquete fiscal que restauró ganancias, se opusieron a la movilidad previsional, votaron contra el financiamiento universitario. ¿Y a cambio de qué? De obras públicas no, a cambio de facilidades crediticias tampoco", enfatizó.
En contraposición a la postura de sus pares de bancada, el legislador radical Agustín Romano Norri decidió acompañar de manera afirmativa la ampliación impulsada por el Ejecutivo. "Cuando aprobamos el presupuesto provincial, nosotros aprobamos la hoja de ruta de una provincia. Y también en ese caso lo dijimos de que la inflación presupuestada iba a ser inferior a lo que hoy está pasando, por lo tanto esta ampliación se iba a terminar dando. Voy a acompañar porque entiendo de que según lo que dijo el ministro de Economía (Daniel Abad), esto va a ser para la recuperación del salario de los trabajadores provinciales, para recuperar servicios que brinda el Estado provincial. Por eso voy a acompañar y si eso no sucede vamos a pedir los informes correspondientes", argumentó.
Tomando la palabra desde la bancada oficialista, Gerónimo Vargas Aignasse defendió el criterio de previsibilidad adoptado por la gestión provincial en un contexto nacional recesivo. "El actual gobierno nacional ha pasado el 50% de su gestión sin presupuesto... En el 2026 tuvieron presupuesto, fijamos la pauta presupuestaria provincial de acuerdo a esa pauta nacional y esta no podemos cumplirla obviamente porque la inflación no fue la prevista. Qué difícil proyectar en una Argentina técnicamente ya en recesión, con caída de recaudación, con emergencia permanente, con un Súper Niño sobre las espaldas de los tucumanos y de muchas provincias. Si no tenemos previsiones de endeudamiento o de financiamiento, si no tenemos previsión de reacomodar nuestro presupuesto a la pauta nacional o a la realidad nacional de la inflación prevista, y si no somos precavidos para que Tucumán no sufra con lo que se nos avecina. Vamos a cumplir con esto que es de lógica política, que es de racionalidad legislativa y vamos a esperar que el gobernador siga timoneando este barco", remarcó.
A su turno, el legislador José Macome adelantó su voto negativo fundamentando su rechazo en la falta de transparencia e institucionalidad. "Creo que hay algunos puntos que son claves que yo ya desarrollé en su momento cuando hablé del presupuesto y voy a seguir sosteniéndolo: primero es el correcto tratamiento de la cuenta de inversión; segundo, discutir la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y tercero y más grave, que es lo que viene prometiendo el gobernador hace mucho tiempo, que es la ley de libre acceso a la información pública para que todo ciudadano pueda tener acceso a estas cuentas de inversiones, a este tratamiento y a de dónde vienen los números de los presupuestos de la provincia. Por esos motivos voy a adelantar mi voto negativo a la ampliación del presupuesto", aseveró.

En la misma línea de oposición, el parlamentario Claudio Viña justificó su postura en contra marcando la magnitud del gasto acumulado. "Estamos hablando de un presupuesto de casi 5 billones y ahora se extendería 1.300.000 millones más con una amplia capacidad de endeudarse, cosa que está haciendo justamente el gobierno en estos momentos. Yo creo que amerita que tengamos una ejecución presupuestaria al día y que tratemos cotidianamente la cuenta de inversión. Así que esta cantidad de dinero, esta magnitud de 6,3 billones de pesos ameritan que sin esa rendición de cuentas no pueda acompañar. Mi voto es negativo", sintetizó.
El cierre de las intervenciones estuvo a cargo del presidente del bloque oficialista, Roque Álvarez, quien ratificó la necesidad de dar luz verde a la norma para sostener las cuentas públicas. "Esto es una ley más que necesaria para quienes ya votamos para que Tucumán fuera un lugar previsible y contara con un presupuesto. Obviamente que vamos a aprobar esta ampliación presupuestaria, que no es otra cosa que una necesidad total y absoluta. En el 2026 cuando iniciamos y aprobamos el presupuesto era de 5 billones de pesos y la pauta inflacionaria de aquel momento era del 10%. La inflación efectivamente hoy está arriba del 30%. O sea que esto es simplemente aritmética, matemática, como le quieran llamar, y resulta que tengamos que hacer un incremento de un billón de pesos", subrayó.
Por último, Álvarez enfatizó que los fondos adicionados cuentan con respaldo financiero genuino y abarcan de forma equitativa al conjunto de las instituciones provinciales. "Quiero dejar muy en claro que se incrementa de manera general para los tres poderes del Estado, en todas las partidas... Esto no implica incremento de gasto alguno al erario provincial. Los ingresos provienen de la recaudación de los ATN y los convenios con la Nación que podrán o no estar al día en las redes, pero de ahí provienen. No significa incremento alguno ni gasto alguno, ni meterle la mano al bolsillo a ninguno de los tucumanos", concluyó.