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El Gobierno de la Nación analiza la posibilidad de presentar una demanda internacional contra la República Islámica de Irán, por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida está en una etapa de evaluación y es impulsada por el Presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quienes estudian distintas alternativas para llevar el reclamo argentino ante un organismo judicial internacional.
Una de las posibilidades que contempla el Ejecutivo es acudir a la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de la verdad sobre el ataque terrorista que marcó la historia argentina.
Reunión con las autoridades de la AMIA
En el marco de las gestiones, este jueves se realizó una reunión entre representantes del Gobierno nacional y autoridades de la AMIA, durante la cual se abordó la posibilidad de impulsar una presentación ante la Justicia internacional.
La propuesta todavía no está definida y sus alcances continúan bajo análisis. Mientras tanto, Mahiques trabaja en la elaboración de la eventual demanda, en coordinación con el presidente Milei.
El objetivo de la iniciativa, según trascendió, es profundizar las acciones destinadas a esclarecer las responsabilidades por el atentado y mantener vigente el reclamo de justicia.
A 32 años del atentado a la AMIA
El posible reclamo internacional surge cuando se cumplieron 32 años del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.
Aquel ataque terrorista dejó 85 personas fallecidas y cientos de heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de la historia argentina.
La explosión se produjo a las 9.53 de la mañana en la sede de la mutual judía, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, y dio inicio a un extenso proceso judicial que continúa siendo objeto de reclamos de esclarecimiento y justicia.
La eventual presentación contra Irán constituiría una nueva instancia en la búsqueda de responsabilidades por el atentado, aunque su alcance dependerá de la estrategia jurídica que finalmente adopte el Gobierno argentino.