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El Gobierno de Tucumán oficializó una nueva asignación de subsidios para ocho asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia, con aportes de $25 millones para cada institución, destinados a fortalecer su capacidad operativa, adquirir equipamiento y realizar mejoras en los cuarteles. La medida fue dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo mediante el Decreto N° 2.708/7 (MS), firmado el 28 de octubre y publicado este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial.
La disposición forma parte de la operatoria de asistencia económica que tramita la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa. Según los fundamentos del decreto, al que accedió Tendencia de Noticias, los recursos buscan atender las necesidades de las instituciones que intervienen en incendios, accidentes, rescates y otras emergencias durante todo el año.
En el mes de julio, bomberos voluntarios de toda la provincia protestaron con un “sirenazo” en la Plaza Independencia para reclamar el envío de fondos y el cumplimiento de la ley de financiamiento al sector. Tras esa medida, el Gobierno provincial viene asignando subsidios millonarios para dar cumplimiento a los reclamos y necesidades de las dotaciones de toda la provincia.
En el caso del decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, fija una asistencia para ocho asociaciones, con una asignación individual de $25 millones. La distribución prevista alcanza a los siguientes cuarteles:
Bomberos Voluntarios de Villa de Leales: $25 millones.
Bomberos Voluntarios de San Miguel de Tucumán: $25 millones.
Bomberos Voluntarios de Los Nogales: $25 millones.
Bomberos Voluntarios de Santa Ana: $25 millones.
Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo: $25 millones.
Bomberos Voluntarios de Tafí del Valle: $25 millones.
Bomberos Voluntarios de Monteros: $25 millones.
Bomberos Voluntarios de Aguilares: $25 millones.
El esquema de desembolsos contempla tres cuotas mensuales, con una primera entrega de $15 millones prevista para octubre, que ya se canceló, una segunda de $5 millones en noviembre y una tercera de $5 millones en diciembre de 2026.

En qué podrán utilizarse los fondos
El decreto establece que los subsidios deberán destinarse exclusivamente al fortalecimiento de los servicios de prevención y atención de emergencias.
Entre los gastos autorizados figuran la compra de equipamiento para capacitación y entrenamiento, elementos para prácticas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, simuladores y materiales destinados a intervenciones en incendios, rescates vehiculares, trabajos en altura y espacios confinados.
También se permite financiar instalaciones y mejoras edilicias en los cuarteles, además de determinadas adquisiciones sujetas a límites porcentuales.
En particular, las asociaciones podrán utilizar hasta el 20% del subsidio para combustible y aceites, equivalente a un máximo de $5 millones por institución. Para equipamiento informático, grupos electrógenos, mobiliario y elementos de librería, el límite será del 5% del aporte por cada concepto, es decir, hasta $1,25 millones en cada rubro.
La normativa prohíbe expresamente utilizar estos recursos para pagar honorarios, comisiones, impuestos, gastos bancarios, alimentos o refrigerios. Tampoco podrán financiarse erogaciones que no estén directamente relacionadas con la finalidad del subsidio.
Rendición de cuentas y sanciones por incumplimientos
Las asociaciones beneficiarias deberán acreditar que mantienen vigente la documentación correspondiente a su normal funcionamiento y presentar una constancia de CBU para acceder a los fondos.
Una vez percibida la última cuota, tendrán 20 días para presentar la rendición documentada de los gastos realizados, con los comprobantes que permitan verificar la aplicación de los recursos.
El decreto también establece que los bienes adquiridos deberán incorporarse al patrimonio o inventario de las instituciones, cuando corresponda, y permanecer afectados a sus funciones.
En caso de incumplimientos, gastos no autorizados o rendiciones incompletas, la Provincia podrá observar o rechazar las erogaciones y exigir el reintegro de los importes indebidamente utilizados.
Además, las entidades que incumplan sus obligaciones podrán ser incorporadas a una base de datos de deudores o morosos de subsidios provinciales, administrada por Defensa Civil. Esa situación les impedirá gestionar o recibir nuevas ayudas económicas del Estado provincial, sin perjuicio de otras medidas administrativas o legales.

Los antecedentes de la asistencia provincial
La nueva disposición se suma a otras medidas adoptadas durante los últimos meses para financiar el funcionamiento de los bomberos voluntarios de Tucumán.
Como informó oportunamente Tendencia de Noticias, en agosto el Gobierno oficializó subsidios por $68,5 millones para 25 asociaciones y la Federación 3 de Junio, destinados a cubrir seguros de accidentes personales y de responsabilidad civil de los vehículos. Aquella medida se produjo después del denominado sirenazo del 27 de julio, cuando representantes de distintos cuarteles reclamaron frente a Casa de Gobierno por la situación financiera del sector y el cumplimiento de la Ley Provincial N° 9.039.
Posteriormente, en septiembre, el Ejecutivo habilitó una partida presupuestaria de $700 millones para financiar equipamiento y mejoras en los cuarteles. En octubre, mediante el Decreto N° 2.332/7, avanzó con una primera asignación de $375 millones para 14 asociaciones y una federación, con aportes de $25 millones por entidad. La medida publicada este viernes es la segunda asignación, que amplía la nómina de instituciones alcanzadas por esa operatoria de asistencia económica.