El Ente de Infraestructura Comunitaria destina sólo el 2% de su presupuesto para obras: piden eliminarlo

Con la mira puesta en las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno de Javier Milei, el legislador José Seleme, del bloque Avanza Tucumán (aliado radical de los libertario locales - foto inferior-), presentó un proyecto de ley para eliminar dos organismos públicos provinciales. La iniciativa busca disolver el Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC) y la Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento del Espacio Público (SESMEP), con el objetivo central de reducir el gasto público y optimizar los recursos del Estado. Ambos organismos, según el proyecto, manejan presupuestos multimillonarios, pero una gran parte de sus fondos se destina al pago de personal y no a las funciones para las que fueron creados.

La iniciativa, acompañada por la firma de Manuel Courel (Cambia Tucumán), propone en su articulado la derogación de los decretos que dieron origen a ambos organismos, DNU 7211 de 2007 (EIC) y el Decreto 1913 de 2014 (SESMEP). En los fundamentos, se señala que estos entes "tienen a cargo tareas que deberían ser cubiertas por otras áreas del sector público provincial y municipal. Con lo cual desde su origen estos organismos vienen a realizar tareas superpuestas con otras áreas de gobierno". Seleme que la eliminación de estas entidades "busca una mayor eficiencia del estado y la generación de ahorro público permitiendo destinar mayores fondos a la provisión de servicios sociales de primera necesidad en estos tiempos; como ser la salud, educación, seguridad y obra pública".

El proyecto hace hincapié en la supuesta ineficiencia en el manejo de los recursos. En el caso del EIC (a cargo de Armando Cortalezzi), se detalla que para el año 2025 "el presupuesto original aprobado alcanzó los $ 2.675 millones". Sin embargo, se cuestiona que solo el 2% de este monto se destina a obra pública, a pesar de que "su nombre y descripción de funciones indica una predilección por la realización de obra pública". La gran mayoría de los fondos, se infiere, se utiliza en el funcionamiento de la entidad, que cuenta con una planta de 158 personas.

Respecto a la SESMEP (cuya titularidad recae en Carlos Isa Assan), la situación es también llamativa. El proyecto indica que "para el año 2025 se le aprobó un presupuesto de $ 3.780 millones, donde ninguno de esos pesos es destinado a obras públicas, sino que todo se destina a personal, bienes de consumo y servicios; específicamente la partida de personal aprobada totalizó $ 3.290", es decir el 87% del total de los fondos. Esta secretaría contaba en 2024 con 21 empleados permanentes.

Cabe destacar, que ambas reparticiones operan hoy con permisos para

exceptuar a la ley de obra pública, o al procedimiento estándar de compra y

contrataciones por licitación pública. "Estas características hacen que los gastos

realizados por estas dependencias sean pasibles de ser ordenados y eficientizados. El mejor camino para este ordenamiento es el cierre de estas entidades y la distribución de las tareas necesarias entre las reparticiones del sector público provincial que ya realizan actividades parecidas", postuló Seleme.

Previsiones

Consciente del impacto laboral, el proyecto establece un mecanismo para proteger a los 179 empleados afectados. El artículo 3° dispone que el personal "quedará a disposición del gobierno provincial, por un período mínimo de seis meses y un plazo máximo de 12 meses. Durante ese plazo deberán ser convocados para ser incorporados a otra repartición del Estado provincial". Si al cabo de un año no son reubicados, la iniciativa prevé que sean "indemnizados con un monto equivalente a un mes de haber por cada año trabajado en el sector público provincial".

En la exposición de motivos, Seleme aduce estar "convencido de que este proceso permitirá otorgar nuevas oportunidades al personal involucrado y esencialmente liberará mayor cantidad de fondos que redundarán en mejor provisión de servicios sociales prioritarios para los tucumanos". El ahorro estimado, según el parlamentario, podría ser sustancial, ya que el monto total del presupuesto de ambos organismos asciende a casi $ 6.000 millones.