Buscan que el Poder Ejecutivo interceda ante Banco Macro para refinanciar deudas de empleados públicos

Una propuesta legislativa presentada en Tucumán busca que el Poder Ejecutivo utilice su condición de cliente mayoritario ante el Banco Macro para pactar la reestructuración de los pasivos que asfixian a miles de empleados estatales. La iniciativa impulsada por la legisladora Silvia Elías de Pérez (foto inferior) apunta a conseguir condiciones especiales de pago sin costo fiscal para las arcas provinciales, respondiendo a los elevados niveles de morosidad provocados por el deterioro salarial y la suba de tasas de interés en gastos de primera necesidad.

El proyecto prevé que la administración central asuma la representación colectiva de sus dependientes para conseguir facilidades de pago en obligaciones vinculadas a vivienda, salud, alimentación y atención médica. Según la fundamentación de la parlamentaria, la Provincia cuenta con una ventaja competitiva al ser el ente empleador y la caja de depósitos de la entidad crediticia: "La Provincia tiene un poder de negociación que cada uno de los tucumanos endeudados no tiene".

A partir de los relevamientos que fundamentan el proyecto, la legisladora alertó sobre el nivel de pasivos acumulado en los hogares locales. Explicó que más del 20% de la población enfrenta dificultades financieras, con una morosidad que afecta a 216.000 ciudadanos, razón por la cual solicita la intervención oficial sobre las deudas del sector público.

En ese sentido, remarcó que el banco involucrado es la institución donde se depositan los haberes estatales y funciona como agente financiero del Estado tucumano.

Antecedentes y el impacto de la coyuntura económica

Para justificar la viabilidad de la medida, la legisladora rescató un antecedente de gestión privada durante la recesión del año 2001, cuando la intermediación empresarial logró un esquema sustentable de cancelación de préstamos para su personal: "Nos dimos cuenta de que había un nivel de endeudamiento tremendo. La empresa se sentó a negociar con el banco porque tenía mucha más capacidad negociadora que cada trabajador por separado. Así se logró una reestructuración de las deudas en condiciones mucho más beneficiosas y posibles de pagar".

Tras repasar aquella experiencia comercial, Elías de Pérez consideró indispensable una respuesta activa por parte del Gobierno provincial en la coyuntura actual. Argumentó que el contexto económico combina un encarecimiento del crédito con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios: "Tiene que existir del otro lado una política pública que ayude a nuestra gente a salir adelante".

La parlamentaria resaltó que la intervención oficial para el saneamiento financiero de las familias cuenta con precedentes legislativos y ejecutivos en distritos como Córdoba, Salta y Chubut. En ese marco, planteó las dificultades de recuperación que atraviesan los hogares si no se modifican los compromisos pactados: "Una familia que ya tiene un nivel de mora de esta envergadura difícilmente pueda recuperarse si no se reestructura su deuda y se establece una forma de pago que realmente pueda cumplir".

Por último, la referente radical aclaró que, aunque la medida está enfocada en los agentes de la administración pública por la capacidad de acción directa del Estado, un resultado positivo podría sentar un antecedente para otros rubros golpeados por la mora crediticia.

"Lo que estamos planteando es que el Poder Ejecutivo tome en sus manos la negociación para ayudar a los empleados públicos a salir de una situación que hoy los asfixia. No estamos hablando de dejar de pagar las deudas, sino de generar condiciones para que realmente puedan pagarlas".