El IPLA recibió $785 millones más de presupuesto: $500 millones para asistencia al personal y $270 millones en viáticos

El Gobierno de Tucumán dispuso una ampliación de $785 millones en el Presupuesto 2026 del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), a partir de mayores recursos correspondientes a los derechos de habilitación anual que percibe el organismo. Del monto incorporado, $500 millones serán destinados a asistencia social al personal y otros $270 millones al pago de viáticos.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 2.094/3, fechado el 4 de septiembre y publicado este lunes 28 en el Boletín Oficial de la Provincia. El instrumento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, autoriza el incremento solicitado por el propio IPLA sobre el recurso identificado como “Derechos de Habilitación Anual IPLA”.

De acuerdo con la distribución establecida por el Poder Ejecutivo, el 63,7% de los nuevos fondos tendrá como destino la partida 151, correspondiente a “Asistencia social al personal”, que recibirá $500 millones.

A su vez, otros $270 millones, equivalentes al 34,4% de la ampliación, fueron asignados a la partida correspondiente a viáticos. Los $15 millones restantes serán utilizados para la adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza.

La ampliación no aparece en el decreto financiada mediante una transferencia adicional del Tesoro provincial, sino a partir del incremento del recurso 12313, correspondiente a los derechos de habilitación anual que recauda el IPLA. El Ejecutivo fundamentó la decisión en las facultades contempladas en el artículo 13, inciso a), de la Ley N° 9.942, correspondiente al Presupuesto General 2026.

Esa disposición permite al Poder Ejecutivo incrementar el Presupuesto cuando se registren recursos superiores a los inicialmente estimados, aparezcan nuevos ingresos o se incorporen nuevas fuentes de financiamiento, con la obligación de comunicar posteriormente la modificación a la Legislatura.

El decreto también exceptuó los fondos otorgados de las restricciones establecidas por el Decreto N° 1/3 (SH)-2026 para las partidas principales 200 —Bienes de Consumo— y 300 —Servicios no personales—. La normativa general de ejecución presupuestaria limita la disponibilidad de esas partidas y establece, entre otras disposiciones, cuotas para comprometer gastos durante el ejercicio.

La decisión se suma a otra ampliación presupuestaria que había recibido el IPLA durante este mismo ejercicio. En julio, mediante el Decreto N° 1.642/3, el Ejecutivo había incorporado otros $170 millones provenientes también de los Derechos de Habilitación Anual del organismo. En aquella oportunidad, $160 millones fueron destinados a equipos de transporte, tracción y elevación, mientras que $10 millones se asignaron a equipamiento informático.

Así, considerando ambas modificaciones, el Presupuesto 2026 del IPLA acumula al menos $955 millones en ampliaciones financiadas con mayores ingresos por Derechos de Habilitación Anual: los $170 millones autorizados en julio y los $785 millones establecidos ahora.

La nueva modificación deberá ser comunicada a la Legislatura provincial, tal como establece la Ley de Presupuesto. El decreto, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, fue refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Estado de Hacienda, Adrián Dicker.

Un organismo cuestionado

El IPLA cuenta con un plantel aproximado de 164 empleados distribuidos en su casa central en la capital y dos delegaciones en Alberdi y Concepción. La función del organismo es la fiscalización, control y regulación del expendio de bebidas alcohólicas, además de bregar por la aplicación de leyes provinciales en la materia.

Informes presentados en la Legislatura provincial señalan que una parte mayoritaria de los fondos operativos del IPLA se destina al mantenimiento de su estructura de personal.

La ampliación presupuestaria se produce, además, en momentos en que se encuentra bajo discusión judicial la continuidad de la intervención administrativa del IPLA, a partir de una denuncia impulsada por propietarios de salones de fiestas, establecimientos de entretenimiento y comerciantes. A mediados de agosto, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia N° 653, mediante la cual ordenó poner fin a una intervención que lleva más de 26 años y otorgó un plazo de 60 días corridos para avanzar con la normalización institucional del organismo, a través de la conformación de un Directorio integrado por un presidente y dos vocales, conforme a la Ley N° 7.243.

Si bien Jaldo manifestó inicialmente que el Gobierno acataría la decisión judicial, posteriormente Fiscalía de Estado interpuso un recurso de casación con el objetivo de revertir aspectos centrales del fallo.

En tanto, los propietarios de salones de fiesta también apelaron la decisión, ya que en el planteo inicial no solo pretendían que se ponga fin a la intervención, sino que además solicitaron que se declare inconstitucional la ley 7.243, que es la que sostiene al cuestionado organismo, a lo que la Cámara en lo Contencioso se opuso.

De esta manera, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que deberá pronunciarse sobre los planteos mientras el organismo continúa bajo la intervención encabezada por Dante Loza.