Abren una investigación por presuntas irregularidades en la recaudación de la comuna de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) resolvió iniciar una investigación administrativa para esclarecer presuntas irregularidades en la registración de ingresos de la comuna rural de El Cadillal, que conduce Dante Delgado, luego de recibir una grave denuncia presentada por un exfuncionario de esa jurisdicción.

La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo N° 651, fechado el pasado miércoles 11 de marzo, en el cual el organismo dispuso la apertura de una Comprobación Sumaria destinada a determinar si existieron inconsistencias en la documentación respaldatoria de la recaudación comunal y si esas irregularidades pudieron generar un perjuicio para las arcas públicas.

La denuncia fue presentada por Julio Ángel Fuentes, exsecretario habilitado de la comuna, quien puso en conocimiento del TC una serie de anomalías que habría detectado durante el ejercicio de sus funciones vinculadas al control de la recaudación y al análisis de los balances bimestrales remitidos por la administración comunal.

Según consta en el expediente analizado por el organismo de control, el denunciante sostuvo haber advertido “la existencia de comprobantes duplicados y otras inconsistencias entre los recibos emitidos por la Oficina de Rentas comunal y aquellos efectivamente incorporados en las rendiciones de cuentas elevadas ante este Tribunal”.

De acuerdo con las actuaciones, a las que Tendencia de Noticias tuvo acceso, Fuentes explicó que estas irregularidades surgieron al realizar tareas de verificación de la documentación respaldatoria de los balances comunales. En ese proceso, señaló que “al efectuar la verificación de la documentación respaldatoria de los balances, se detectaron recibos cuyos datos no se corresponden con los originales rendidos”.

El acuerdo también menciona que el denunciante habría realizado diversas comunicaciones internas para advertir sobre la situación. Según se detalla en el expediente, estas observaciones fueron dirigidas al delegado comunal Delgado (foto inferior) y posteriormente las actuaciones fueron remitidas a los organismos competentes para su eventual investigación.

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran notas en las que se detallan numerosos comprobantes que presentan inconsistencias.

En esas comunicaciones se deja constancia de que determinados recibos “no se corresponden con su original rendido en el balance”, lo que, según el análisis preliminar del TC, podría indicar irregularidades en la registración de los ingresos comunales o incluso la posible utilización de documentación no auténtica.

El organismo de control también consignó que, de acuerdo con la documentación agregada, los hechos habrían motivado la intervención de autoridades administrativas y judiciales, en el marco de actuaciones vinculadas con la eventual utilización indebida de recibos oficiales pertenecientes a la Comuna Rural de El Cadillal.

Los fundamentos de la actuación

En los fundamentos del acuerdo, el TC recordó que, en virtud de lo establecido por los artículos 78 a 80 de la Constitución Provincial y por la Ley de Administración Financiera N.º 6970, le corresponde ejercer el control externo de la hacienda pública y “la investigación de los hechos, actos u omisiones susceptibles de ocasionar perjuicio al patrimonio del Estado”.

Tras analizar las constancias del expediente, el organismo consideró que existen elementos que justifican una investigación formal. En ese sentido, el acuerdo señala que “las constancias obrantes en el expediente permiten advertir la existencia de elementos que, prima facie, podrían revelar inconsistencias en la documentación respaldatoria de ingresos comunales”, vinculadas especialmente con la emisión y registración de recibos oficiales.

Posibles delitos

Asimismo, el TC advirtió que estas circunstancias, de ser verificadas, “podrían implicar irregularidades en la percepción o registración de recursos públicos, con la consecuente posibilidad de afectación del patrimonio estatal”.

Por ese motivo, el organismo resolvió disponer la apertura de una instancia investigativa destinada a esclarecer los hechos denunciados. En los considerandos del acuerdo se señala que la medida permitirá “determinar la autenticidad de la documentación involucrada y establecer si de tales hechos pudo derivarse un perjuicio económico para la hacienda pública”.

En consecuencia, el Tribunal dispuso “la sustanciación de una Comprobación Sumaria en el ámbito de la Comuna Rural de El Cadillal”, con el objetivo de determinar la eventual existencia de irregularidades administrativas y deslindar responsabilidades entre los agentes o funcionarios que pudieran haber intervenido en los hechos.

La investigación será instruida en la sede del propio organismo de control y estará a cargo de la abogada fiscal María Celina Zanoni, quien fue designada como instructora del proceso y contará con “todas las facultades y responsabilidades de ley” para llevar adelante la investigación.

El TC estableció además un plazo de 60 días para que la instructora eleve las conclusiones de la comprobación sumaria.

El acuerdo fue firmado por los vocales del Tribunal Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, en ausencia del presidente del organismo, Miguel Chaiben Terraf, quien se encontraba de licencia al momento de adoptarse la resolución.