Restringen las pensiones por invalidez por un presunto fraude cercano a los 2000 millones de dólares anuales

Alertado por serias irregularidades en el otorgamiento de las pensiones por invalidez durante los últimos años, especialmente los gestionados por el kirchnerismo, el Gobierno Nacional adoptó una drástica medida que apunta a limitar al máximo justamente los requisitos que se solicitan para la obtención de este instrumento de asistencia social.

Tal habría sido el desmanejo en este sector, que el mileísmo sostiene que existiría un desfalco en perjuicio contra el Estado en torno a los 2000 millones de dólares, de acuerdo a una serie de auditorias que se están llevando a cabo de manera simultánea en distintas jurisdicciones del país.

La decisión se publicó en el Boletín Oficial mediante el Decreto 843/2024 que cambió los requisitos para acceder a las denominadas Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, las cuales son solicitadas por quienes se encuentran imposibilitados para trabajar por padecer ciertas condiciones particulares.

En los considerandos del Decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Russo, se indicó que se habían "excedido" el número de pensiones, lo cual, "además de desvirtuar la esencia" del programa, "genera el efecto opuesto al pretendido, al convalidar, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad" no pueden trabajar.

Según explicó en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la cantidad de beneficiarios creció "exponencialmente" durante los gobiernos kirchneristas.

"Entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2004 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000 pensiones. Con Macri la cifra se mantuvo estable, pero con el regreso del kirchnerismo volvieron a crecer, hasta alcanzar a 1.200.000, lo que representa el 2,6% de la población total (equivalente al 5,5% de la población económicamente activa). ¡Hay pueblos donde el 80% de la población total son beneficiarios de una PNC!", explicó el funcionario.

Es por esta razón que el Gobierno comenzó a efectuar auditorías a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para conocer en detalle quienes verdaderamente cumplían con los requisitos. Según el análisis de casos que se llevan registrados hasta el momento, surgen como anomalías la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades. Proyectan que las irregularidades podrían configurar un presunto fraude por desvío de fondos estimado entre 1200 y 2000 millones de dólares al año. Actualmente, el sistema cuesta 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale al 3,5% del Presupuesto 2025.

"Aunque les parezca mentira, Alberto Fernández mediante el Decreto 566/23 había eliminado el requisito de invalidez para otorgar las pensiones ... por invalidez", tuiteó también Sturzenegger como forma de graficar las incongruencias que se suscitaron en el área.