Tres policías acusados de usar presos para hacer albañilería en una casa de veraneo en El Cadillal

Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Tucumán. Este jueves 13 de noviembre, la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF) imputó a tres efectivos policiales, entre ellos Gustavo Javier Beltrán, exjefe de la Unidad Regional Norte (URN), acusados de trasladar presos para realizar trabajos de albañilería en una propiedad privada de Beltrán ubicada en El Cadillal.

La audiencia de formulación de cargos estuvo encabezada por la fiscal Mariana Rivadeneira, junto a su equipo conformado por Brenda Deroy y Federico Lizarraga, quien fue el encargado de exponer los hechos y las pruebas reunidas. La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de Beltrán, aunque la audiencia debió pasar a cuarto intermedio hasta este viernes debido a un problema de salud de uno de los imputados.

Según la acusación, Beltrán habría ordenado el traslado de cuatro detenidos —sin autorización judicial ni registro formal— desde las comisarías de Chuscha y Choromoro hasta las dependencias de la URN en Tafí Viejo, para luego enviarlos a su casa en construcción en El Cadillal, donde los presos realizaban trabajos de albañilería en beneficio personal del comisario.

En la causa también están implicados un sargento y un cabo, ambos de 45 años, quienes habrían colaborado en el traslado de los detenidos y en la falsificación de registros oficiales. En el libro de guardia de la dependencia policial se asentó falsamente que los reclusos eran trasladados hacia la comisaría de Chuscha, cuando en realidad se dirigían al inmueble particular del comisario.

Durante los allanamientos realizados por orden judicial, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la División de Delitos Telemáticos secuestraron dispositivos móviles, un DVR de cámaras de seguridad y una camioneta Toyota Hilux gris, vehículo oficial de la fuerza.

La Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. Para los otros dos imputados, se les atribuye peculado y falsificación de documentos en calidad de partícipes.

El juez interviniente dispuso continuar la audiencia este viernes, cuando el MPF solicitará formalmente la prisión preventiva de los acusados. La causa, que expone un grave abuso de poder y el uso de recursos estatales para fines personales, pone nuevamente bajo la lupa los controles internos de la fuerza policial y el accionar de sus máximas autoridades.