Dólar Oficial
$1.545
Dólar Blue
$1.565
Dólar Tarjeta
$2.008,50
Euro
€1.736,56
Real
R$292,13
Azúcar Tucumán · 50kg
$36.810
Azúcar Int. · Londres N5
US$24,707
Azúcar Int. · EEUU N11
US$423,29
Bioetanol de caña ($/L)
1.072
Bioetanol de maíz ($/L)
982.976

La acusada junto a su abogado defensor. Foto: MPF
Una mujer de 36 años quedó formalmente imputada por el delito de estafa en perjuicio de cuatro personas. De acuerdo a la imputación, se presentaba como miembro de un estudio jurídico y ofrecía soluciones administrativas y judiciales a sus “clientes”, por los que cobraba por adelantado.
En uno de los casos, estafó al dueño de un comercio cobrándole $464.000 por gestionar una autorización ante el IPLA y solucionar un problema de multas ante la Dirección General de Rentas, asegura la acusación fiscal. Los trámites nunca fueron realizados, agrega.
En el segundo hecho, mintió a un hombre que podía tramitar un juicio por daños y perjuicios para solucionar una deuda con el Banco Hipotecario, aseguró el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto. Le cobró $505.000 y el juicio nunca se inició, explicó.
El tercer caso tuvo lugar en Alderetes, señaló el funcionario, en representación de la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, usurpaciones y estafas, que conduce Diego López Ávila. Allí, la acusada fingió poder iniciar un juicio de prescripción adquisitiva para que su “cliente” pudiera legalizar la situación de la casa en que vivía. Para comenzar, aseguró, necesitarían de los servicios de un agrimensor. En total, cobró a su víctima más de $1 millón, destacó el acusador.
Finalmente, quedó acusada de haber fingido ser abogada para cobrar $200.000 para realizar gestiones de compraventa respecto de una casa del Instituto Provincial de la Vivienda. El trámite, aseguró el auxiliar fiscal, ni siquiera se inició.
Este lunes, al ser presentada ante el juez interviniente, la acusada dijo ser estudiante de Derecho y argumentó que, en la actualidad, está cursando la carrera.
La acusación asegura que habría utilizado una metodología similar en los cuatro casos: se presentaba como empleada o gestora de un estudio jurídico y afirmaba contar con contactos o capacidad para realizar trámites que finalmente nunca concretaba. Según explicó el auxiliar de fiscal, de ese modo lograba captar a potenciales clientes y generarles la creencia de que estaban contratando servicios jurídicos.