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UNA NORMA QUE REGÍA DESDE LA DÉCADA DE LOS '90

Las cuotas y matrículas de los colegios privados ya no serán reguladas por el Estado

Mediante el Decreto 787/2025, el Poder Ejecutivo eliminó la intervención estatal sobre cuotas y matrículas que regía desde 1993, argumentando que la regulación limitaba la libre competencia y generaba aumentos preventivos por el contexto inflacionario. Capital Humano deberá revisar el nuevo marco normativo.

PorTendencia de noticias
11 nov, 2025 09:59 a. m. Actualizado: 11 nov, 2025 09:59 a. m. AR
Las cuotas y matrículas de los colegios privados ya no serán reguladas por el Estado

El Gobierno nacional derogó, mediante el Decreto 787/2025, el régimen de intervención estatal sobre los aranceles y matrículas de los establecimientos de enseñanza privada que regía desde 1993 y ordenó al Ministerio de Capital Humano revisar el marco normativo vigente para la fijación de cuotas en la educación pública de gestión privada.


La medida, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto el Decreto 2417/93 y señala que las regulaciones impuestas durante más de tres décadas dificultaban la capacidad de las escuelas privadas para adaptarse a las realidades económicas y educativas del país, generando incertidumbre y limitando la posibilidad de ajustar sus aranceles en función de sus costos y del contexto inflacionario.


Según los considerandos del decreto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la obligación de comunicar con anticipación y solicitar autorización estatal para modificar cuotas y matrículas llevaba a las instituciones a aplicar aumentos preventivos que encarecían la educación privada, afectando a las familias y restringiendo la libre competencia entre establecimientos.


La decisión instruye a la Secretaría de Educación para que eleve propuestas de modificación sobre el régimen de 1991, a fin de adecuarlo al esquema federal actual y promover un entorno más flexible para la gestión económica de los institutos privados.


El nuevo esquema entrará en vigencia con la publicación de la norma y apunta a garantizar la sostenibilidad de la educación de gestión privada, a la vez que preserva el derecho de los alumnos a una oferta educativa diversificada en todo el país.

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