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TRANSPARENCIA Y EDUCACIÓN

La Corte Suprema rechazó el argumento de la estigmatización y ordenó publicar los resultados de las pruebas Aprender por colegio

El Máximo Tribunal rechazó el argumento oficial sobre la estigmatización de alumnos y docentes en un caso originado en la provincia de Salta, ratificó el acceso ciudadano a los reportes de 2016 y 2017 y dispuso que la Justicia local resguarde la identidad de los participantes.

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21 nov, 2026 11:25 a. m. Actualizado: 21 nov, 2026 11:25 a. m. AR
La Corte Suprema rechazó el argumento de la estigmatización y ordenó publicar los resultados de las pruebas Aprender por colegio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación instruyó al Poder Ejecutivo nacional a entregar de manera desagregada por institución educativa los resultados de los operativos evaluativos Aprender y Enseñar realizados en Salta durante 2016 y 2017, desestimando así la postura oficial que invocaba el riesgo de generar rankings y estigmatizar a las comunidades escolares. El fallo, que confirma una resolución previa de la Sala II de la Cámara Federal de Salta tras siete años de litigio impulsado por el amparo de un padre salteño, sostiene que la publicidad de estas estadísticas constituye una herramienta indispensable para que la ciudadanía fiscalice las políticas públicas y exija mejoras en las áreas más vulnerables, siempre que la Justicia provincial delimite la entrega para proteger la identidad de los estudiantes y docentes involucrados.

La causa judicial se originó en 2019 a partir de una acción de amparo promovida por Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, padre de un alumno, quien solicitó los "Reportes de Resultado" correspondientes a todas las escuelas e institutos de formación docente salteños evaluados en aquel bienio. En su momento, la entonces cartera educativa —actualmente integrada al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello— denegó el pedido alegando confidencialidad, ofreciendo únicamente cifras agrupadas por municipio, y advirtió en el expediente que la difusión por establecimiento expondría condiciones socioeconómicas, migratorias o indígenas de los hogares, habilitando clasificaciones entre instituciones "mejores" y "peores" que calificó como "moralmente condenable". Asimismo, el Estado había argumentado que la medida afectaría la honestidad en las respuestas y recordó la oposición de los gremios docentes Ctera y Sadop.


Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefin y Juan Fernando Perozziello Vizier, la mayoría del tribunal descartó esas objeciones y calificó la negativa estatal de "genérica, abstracta y conjetural". Respecto al supuesto deterioro del sistema evaluativo, los magistrados señalaron que la postura oficial "parece claudicante y esquiva" frente a sus deberes legales. En su sentencia, subrayaron: "Hacer pública la información requerida, por lo tanto, apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades, antes que a estigmatizar alumnos y docentes; en efecto, que la comunidad cuente con herramientas idóneas para conocer resultados en materia de educación importa otorgarle la posibilidad de peticionar a las autoridades públicas políticas concretas para revertir resultados deficitarios y, con ello, mejorar la situación de sectores desaventajados". Y añadieron con firmeza: "Esto es exactamente lo contrario de lo que postula la demandada [el entonces Ministerio de Educación], quien pretende echar sombra en donde tiene que haber claridad".


Alcance de la Ley de Educación Nacional y el voto en disidencia


El pronunciamiento también analizó el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, precisando que la reserva de identidad de alumnos, docentes y establecimientos rige "si y solo si" resulta indispensable para prevenir estigmatizaciones, extremo que el Estado debe acreditar en cada situación particular. En esa línea, el tribunal objetó que una resolución del Consejo Federal de Educación equiparara "identificar" con "estigmatizar", y desechó la aplicación del secreto estadístico de la ley del Indec al no probarse que los datos tuvieran un fin exclusivamente estadístico. Para los jueces, estas evaluaciones "no son una gracia o favor del gobierno", sino un mecanismo para verificar si existen colegios con déficits persistentes, si se asignan los docentes más calificados a las zonas desfavorecidas y si se cumple con la educación bilingüe e intercultural para los pueblos originarios.


A partir de esta confirmación —que revirtió el rechazo inicial del Juzgado Federal N° 2 de Salta—, los tribunales salteños deberán fijar las pautas técnicas para que la entrega de los informes impida individualizar a las personas evaluadas, con especial resguardo hacia los menores de edad. Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia por revocar el fallo y devolver las actuaciones a la Cámara local, adhiriendo casi íntegramente al dictamen de la Procuración Fiscal, al considerar que el ordenamiento jurídico admite limitaciones al acceso informativo siempre que sean "verdaderamente excepcionales" y estén "establecidas previamente en términos claros y precisos" bajo la normativa de acceso a la información pública.

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