Investigan presunta falsificación en una millonaria herencia: dos mujeres se disputan bienes por U$S 6 millones

La Justicia penal de Tucumán investiga un presunto caso de falsificación de documentos en el marco de un millonario juicio sucesorio que involucra un patrimonio valuado en alrededor de seis millones de dólares.

La causa, que según publicó el diario La Gaceta en una nota firmada por la periodista Micaela Pinna Otero, se centra en dos mujeres que se presentaron como herederas del fallecido empresario Guillermo César Lerner y que quedaron bajo sospecha tras aportar documentación que habría sido adulterada.

El caso se remonta a la muerte de Lerner en abril de 2021, quien no tenía herederos forzosos. Su patrimonio incluía una cuenta bancaria y 20 inmuebles ubicados en distintos puntos de la provincia y otras jurisdicciones.

En ese contexto, una mujer se presentó ante la Justicia con un testamento que la designaría como única heredera, mientras que otra aportó un acta de matrimonio que acreditaría un vínculo con el fallecido. Ambas versiones derivaron en una disputa judicial con denuncias cruzadas por falsificación de firmas, huellas digitales y documentos oficiales.

Según explicó el abogado de una de las partes, Santiago Martínez López Pondal, el giro del caso generó sospechas: “Lo llamativo de todo este proceso es que, cuando estaban en etapa de pruebas con peritos calígrafos sorteados para determinar la autenticidad de las firmas, ambas partes decidieron desistir de las acciones de falsedad y repartirse los bienes en un 50% para cada una”.

A partir de esta situación, un tercero que había denunciado la posible existencia de una herencia vacante presentó una denuncia penal que derivó en la intervención de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Fernando Blanno.

En el marco de la causa, se realizaron allanamientos, se secuestraron documentos y equipos informáticos, e incluso se investiga la impresión de una huella digital que habría sido utilizada para validar uno de los documentos cuestionados.

El letrado también advirtió sobre movimientos irregulares en el proceso: “Una de las partes, en clara desobediencia judicial, decidió vender una valiosa propiedad en avenida Perón y Bascary por U$S 300.000”, sostuvo.

Finalmente, Martínez López Pondal adelantó que impulsarán nuevas acciones judiciales: “Vamos a solicitar que se determine la falsedad del acta de matrimonio y del testamento, porque entendemos que este patrimonio debería ingresar al Estado y destinarse a obras necesarias para la sociedad”.

La Justicia también dispuso la suspensión de operaciones sobre los bienes involucrados, aunque el avance de algunas transacciones podría derivar en nuevas imputaciones.