Incertidumbre en el Hospital Obarrio: exigen precisiones sobre la reconfiguración de la salud mental infanto juvenil

A partir de las inquietudes e incertidumbres generadas entre pacientes, familias y trabajadores en torno al Servicio de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Juan M. Obarrio, un proyecto de resolución presentado en la Legislatura provincial por el parlamentario Agustín Romano Norri (foto inferior) elevó una serie de amplios y rigurosos requerimientos al Ministerio de Salud Pública de Tucumán. La iniciativa parlamentaria busca que la cartera sanitaria informe con absoluta claridad institucional, documental y técnica los fundamentos y el alcance de la reconfiguración del sistema, haciendo foco en la necesidad de que el Poder Ejecutivo defina con precisión en qué lineamientos se basará su política de atención infanto juvenil tras la proyectada incorporación de un dispositivo en el Hospital del Este y la eventual descentralización de prestaciones.

El proyecto de resolución, firmado también por los legisladores Claudio Viña y José Seleme, plantea formalmente en su primer artículo solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud Pública y del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), "remita a esta Honorable Legislatura un informe detallado respecto de la situación actual y planificación prevista para el Servicio de Salud Mental Infanto Juvenil (SeSMIJ) del Hospital Juan M. Obarrio". La solicitud abarca desde la existencia de expedientes o estudios tendientes a la reorganización, traslado o modificación del servicio, hasta el detalle del personal involucrado, la cantidad de pacientes activos por franja etaria, los casos en lista de espera y los presupuestos comprometidos tanto para el establecimiento actual como para el dispositivo planeado en Banda del Río Salí.

En la exposición de motivos del documento, se advierte sobre el clima de desorientación generado en las últimas semanas, tras señalar que "numerosas familias de niñas, niños y adolescentes que reciben atención en el Servicio de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Juan M. Obarrio han manifestado públicamente su preocupación ante la posibilidad de que dicho dispositivo sea trasladado o reorganizado y que parte de sus profesionales pasen a desempeñar funciones en el Hospital del Este, en Banda del Río Salí". Al respecto, el texto enfatiza que la inquietud no es meramente logística: "La inquietud expresada por las familias no se limita a una cuestión edilicia o geográfica. Se encuentra vinculada principalmente con la continuidad de los tratamientos, la permanencia de los equipos interdisciplinarios, los vínculos terapéuticos construidos a lo largo del tiempo y las dificultades que una eventual modificación del lugar de atención podría generar para quienes deben concurrir periódicamente al establecimiento".

Si bien las autoridades del SIPROSA expresaron públicamente que no está previsto el cierre del servicio en el Hospital Obarrio sino una ampliación de capacidad mediante el Hospital del Este, la iniciativa parlamentaria aclara que las declaraciones verbales resultan insuficientes sin un respaldo técnico fundamentado. Romano Norri remarca que "estas manifestaciones constituyen una aclaración importante, pero resulta necesario contar con información institucional, precisa y documentada acerca del alcance efectivo de la reorganización proyectada. Garantizar que un servicio continúe funcionando no solamente implica mantener abierta una dependencia: también supone conocer qué prestaciones permanecerán allí, con qué profesionales, bajo qué modalidad y qué sucederá con los pacientes que actualmente desarrollan sus tratamientos en ese espacio".

El proyecto presta especial atención a la singularidad de las patologías complejas en la infancia y adolescencia y subraya el valor supremo de la estabilidad terapéutica. Los fundamentos recuerdan que "en materia de salud mental infanto juvenil, la continuidad asistencial adquiere particular importancia. Los tratamientos se desarrollan muchas veces a partir de procesos prolongados en los que el conocimiento de la historia del paciente, la confianza con el equipo profesional, el acompañamiento familiar y la estabilidad de las rutinas constituyen elementos relevantes del abordaje terapéutico". A ello se suma la dimensión socioeconómica del traslado, dado que factores como el costo del transporte, los horarios laborales y las discapacidades asociadas "pueden transformarse en verdaderas barreras de acceso si tales circunstancias no son evaluadas previamente".

En cuanto al marco legal de protección, la propuesta parlamentaria encuadra el reclamo dentro de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, exigiendo que cualquier reestructuración garantice plenamente el derecho a una atención comunitaria, gratuita e igualitaria. Asimismo, la fundamentación sostiene que la intención del pedido no busca frenar el crecimiento de la infraestructura pública y explica que "el objeto del presente pedido de informes no consiste en obstaculizar una eventual ampliación de la red provincial de salud mental ni la creación de nuevas prestaciones. Por el contrario, toda incorporación de infraestructura, profesionales y dispositivos especializados que permita mejorar la capacidad de respuesta del sistema público constituye una política que debe ser adecuadamente evaluada. Lo que se pretende conocer es si dicha ampliación será verdaderamente complementaria y de qué manera se garantizará que su implementación no implique, en los hechos, el debilitamiento de un servicio actualmente utilizado por numerosas familias".

En su tramo resolutivo final, el documento fija una pauta de resguardo asistencial imperativa al solicitar al Poder Ejecutivo en su artículo segundo que, "cualquiera sea la reorganización de la red provincial de salud mental infanto juvenil que se proyecte, se adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad y oportunidad de los tratamientos en curso, evitando interrupciones o barreras de acceso para las niñas, niños y adolescentes actualmente asistidos". El texto concluye reafirmando que "la preocupación manifestada por las familias merece una respuesta institucional clara. Cuando se encuentran involucrados tratamientos de salud mental de niños y adolescentes, las decisiones administrativas deben estar acompañadas por información, previsibilidad, planificación y garantías concretas de continuidad".