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El ex candidato opositor del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, se trasladó a Estados Unidos junto a su familia para solicitar asilo político al presidente Donald Trump, mientras el poder judicial brasileño investiga presuntas maniobras de financiación irregular, manipulación digital e injerencia extranjera en el marco del reciente proceso electoral. En ese escenario, el dirigente afronta tres expedientes penales abiertos por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y difamación.
La primera causa que involucra al senador del Partido Liberal se relaciona con el banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master y actualmente privado de la libertad. Los organismos de control investigan la solicitud de fondos efectuada por el político para financiar la película Dark Horse sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria por golpismo. Según revelaciones del medio The Intercept Brasil citadas por la Policía Federal, las negociaciones con Daniel Vorcaro habrían alcanzado transferencias por al menos 24 millones de dólares para la producción audiovisual.
El segundo expediente se centra en el abogado Willer Tomaz, allegado al dirigente que resultó derrotado en las urnas por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Tras el secuestro de teléfonos celulares y el análisis de la nube iCloud, los investigadores de la Policía Federal detectaron transacciones financieras sospechosas relacionadas con empresas de apuestas y la firma Alcazar, en la cual el hijo del expresidente contaba con acceso de usuario maestro a la cuenta bancaria. Frente a estos hallazgos, el Tribunal Supremo Federal ordenó la congelación de activos y la cancelación de pasaportes del letrado, quien abandonó el territorio nacional el 21 de agosto.
La tercera causa abierta contra el legislador busca determinar su responsabilidad en el delito de difamación contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a raíz de publicaciones realizadas en redes sociales el tres de enero tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. En sus declaraciones públicas, el integrante del Partido Liberal había afirmado que el actual jefe de Estado sería denunciado por el gobernante venezolano por presuntos vínculos con el narcotráfico. Con los tres expedientes en marcha, las autoridades judiciales brasileñas avanzan en la toma de medidas restrictivas y patrimoniales sobre los implicados.