En medio del conflicto en el Hospital Garrahan, Tucumán promulgó la ley que establece el sistema de residencias provincial

El Poder Ejecutivo de Tucumán promulgó, bajo el número 9.884, la Ley que crea el Sistema Provincial de Residencias de Profesionales de la Salud, sancionada por la Legislatura provincial a principios de diciembre de 2024. Esta normativa busca regular la formación integral y especializada de posgrado de los profesionales de la salud, tanto en el ámbito público como privado, garantizando procesos equitativos, incentivos para el arraigo y una mejora en la calidad de la formación.

La iniciativa, que posiciona al Ministerio de Salud Pública como autoridad de aplicación, llega en un momento crítico para el sistema de residencias a nivel nacional, como lo evidencia el conflicto de los médicos residentes del Hospital Garrahan, quienes desde el mes pasado denuncian condiciones laborales precarias y recortes presupuestarios.

La Ley 9.884 establece que este sistema regula la formación remunerada de posgrado mediante la ejecución supervisada de actos de creciente complejidad y responsabilidad.

El Ministerio de Salud Pública, comandado por Luis Medina Ruíz, tendrá funciones clave, como establecer procesos equitativos para el ingreso, permanencia y egreso de los residentes, promover prioridades de formación, implementar programas basados en la atención primaria de la salud e incentivar el arraigo de profesionales en áreas críticas. “Determinar los incentivos para fomentar la inserción y el arraigo de profesionales en las residencias, ponderando la ubicación geográfica, criticidad y especialidad”, señala la norma, destacando la importancia de retener talento en regiones necesitadas.

La ley también crea un Órgano de Evaluación y Acreditación de Residencias (Artículo 7°), encargado de autorizar y categorizar sedes docentes, desarrollar programas de formación marco y evaluar los planes formativos según las especificidades de cada especialidad. Además, fomenta la integración con universidades para que las residencias puedan convertirse en sedes de carreras de especialista universitario, promoviendo una articulación entre formación de grado y posgrado.

Derechos y obligaciones de los residentes

La normativa establece un marco claro para los derechos de los residentes. Según el Artículo 8°, estos incluyen ser reconocidos como trabajadores no permanentes bajo la Ley N° 5.908 (Carrera Sanitaria) y, cuando corresponda, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744; recibir una formación teórico-práctica tutelada; participar en actividades docentes, de investigación y gestión clínica; y asistir a congresos o seminarios relacionados con su especialidad. “A recibir a través de una práctica profesional programada, tutelada, evaluada, una formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo de la especialidad”, establece el instrumento legal.

Por su parte, los residentes deben cumplir con las normas que regulan su actividad profesional, respetar los derechos de los pacientes, conocer el programa de formación y mantener un trato humanitario. La ley también garantiza que los egresados de residencias acreditadas puedan anunciarse como especialistas en toda la provincia.

La promulgación de esta ley en Tucumán contrasta con la situación crítica que atraviesa el sistema de residencias en el Hospital Garrahan, donde los médicos residentes han protagonizado un conflicto desde el mes pasado debido a condiciones laborales precarias. Los residentes del Garrahan denuncian salarios insuficientes, que rondan los $797.061 por jornadas de más de 60 horas semanales, por debajo de la línea de pobreza, y un contexto de recortes presupuestarios que ha reducido las transferencias nacionales en un 7,2% y proyecta un recorte del 21,5% por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Los residentes trabajan en un entorno de alta presión, con jornadas extensas y falta de personal, lo que ha llevado a un éxodo de profesionales hacia el sector privado.

Mientras el Garrahan enfrenta una crisis estructural, con más de 500 camas sin atención médica y la renuncia de más de 200 profesionales, la Ley 9.884 de Tucumán busca prevenir problemáticas similares al garantizar derechos laborales y formativos claros para los residentes. La normativa tucumana, al establecer incentivos para el arraigo y un sistema de evaluación riguroso, apunta a evitar el deterioro de las condiciones laborales que ha desencadenado el conflicto en el hospital pediátrico de referencia nacional.

De esta manera, en tanto los residentes del nosocomio porteño denuncian “falta de diálogo con las autoridades” y presiones por parte de directivos, la Ley 9.884 propone un modelo basado en la transparencia, la formación interdisciplinaria y la mejora continua de los procesos formativos. “Promover la mejora en el nivel de calidad del sistema de residencias mediante la actualización continua y modernización de los procesos del sistema de formación”, indica el Artículo 4°, inciso f, un objetivo que podría servir como referencia para resolver tensiones en otros centros de salud.

La Ley 9.884 también incorpora herramientas modernas, como sistemas de información digitales y telesalud, para promover redes integradas de salud. Además, fomenta la investigación y la gestión en salud, articulando los programas formativos con las necesidades del sistema sanitario provincial. Para su implementación, el Artículo 11° faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, un aspecto crítico en un contexto donde los recortes, como los que afectan al Garrahan, han sido un detonante de conflictos.