"El sistema de distribución de gas por redes ha fallado en Tucumán"

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) llevó a cabo, durante la semana que pasó, la Audiencia Pública convocada con el propósito central de poner a consideración la solicitud presentada por Naturgy NOA S.A. (sumadas a Camuzzi Gas del Sur y Gasnea), para que el organismo evaluara la prestación del servicio público de distribución de gas natural.

Esta evaluación es un paso previo a la propuesta de renovación de las habilitaciones por un periodo adicional de 20 años, un derecho que asiste a las licenciatarias siempre que hayan cumplido sustancialmente con sus obligaciones. La decisión final respecto a la prórroga corresponde al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a través de la Secretaría de Energía de la Nación, una vez recibida la propuesta del ENARGAS.

La jornada virtual, presidida por el interventor del organismo Carlos Alberto María Casares, se centró en la exposición de las distribuidoras, quienes defendieron su cumplimiento contractual, y las Defensorías del Pueblo y organizaciones de usuarios, que alertaron sobre la insuficiente expansión de las redes, especialmente en las zonas más vulnerables.

Marcela Claudia Córdoba, en representación de Naturgy NOA S.A. (foto superior), abrió las exposiciones con una firme defensa de la trayectoria de la compañía, manifestando su confianza en que el proceso concluirá satisfactoriamente "considerando que la firma ha dado debido cumplimiento a las obligaciones a su cargo".

La representante destacó que la prórroga de 20 años es un derecho de la licenciataria, ya que cumplió "en lo sustancial a las obligaciones que le impone la licencia", afirmación que, según la empresa, está avalada por "los informes técnicos y el dictamen jurídico que constan en el expediente de esta audiencia". Naturgy NOA brinda servicio en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, por lo que enfatizó las inversiones realizadas desde el inicio de la licencia en 1992: "Hemos invertido en la infraestructura del sistema de distribución más de 194 millones de dólares en moneda de cada año sin incluir la inversión inicial, los que actualizado a diciembre de 2024 por el índice de precios de Estados Unidos ascienden a más de 321 millones de dólares".

Estos esfuerzos se tradujeron en un crecimiento significativo de la cobertura, triplicando variables clave desde 1992. Hoy, Naturgy NOA cuenta con 584.000 usuarios, 12.700 km de redes y gasoductos, y abastece a 121 localidades.

En materia de calidad de servicio técnico, la compañía sostuvo haber cumplido rigurosamente con los indicadores regulatorios. Como ejemplo, mencionó el índice de continuidad del servicio ininterrumpible: "el índice de calidad interrupción de suministro que evalúa el nivel de continuidad con que es prestado el servicio ininterrumpible y que en promedio fue mayor a 99% por año lo que cumple ampliamente el valor de referencia de 80%".

La firma ratificó que, en función de este historial de gestión y cumplimiento "satisfactorios" y el ejercicio de su derecho a la prórroga por 20 años, solicitan al ENARGAS que "proponga al Poder Ejecutivo Nacional que nos conceda la referida prórroga de la licencia de distribución".

OBJECIONES. El Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos junto a Guillermo Anabia, durante la Audiencia.

La visión optimista de la distribuidora fue duramente contrastada por el Director Legal de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, Guillermo Federico Anabia, quien expuso datos censales para argumentar un "fracaso" en la expansión de la red.

Anabia comenzó su exposición señalando la realidad de la provincia: de 550.000 hogares, solo 206.729 cuentan con gas natural, lo que significa que "lamentablemente solo el 37% de los hogares de los tucumanos cuenta con gas natural". El 63% restante debe recurrir a métodos más costosos como el gas envasado, artefactos eléctricos, o incluso "leña casi 10.000 hogares".

Anabia fue categórico al concluir que, tras 32 años de concesión, "la red de gas natural es insuficiente para cubrir las necesidades de la provincia". Además, lamentó la falta de foco de la empresa en este problema estructural: "no hemos advertido lamentablemente en el discurso de la representante de Naturgy que haya habido alguna mención o alguna referencia que se apunte a esta expansión de la red de gas natural".

El referente de la Defensoría sostuvo que, más allá de cualquier cumplimiento técnico que la empresa pudiera alegar, el espíritu de la Ley 24.076 (Marco Regulatorio-Privatización gas del Estado) no se ha cumplido en lo esencial. "Ese espíritu es el que establecía la necesidad de garantizar una protección adecuada de los derechos de los consumidores de promover la competitividad de los mercados de oferta de demanda y sobre todo del libre acceso, este último ha sido claramente violentado ante la falta de expansión de las redes".

Reglas claras

En tal sentido, la Defensoría de Tucumán concluyó que: "las premisas establecidas por la ley 24076 de acuerdo a los indicadores no se han cumplido, es decir, se ha fracasado. Los resultados asociados a la expansión del sistema de distribución de gas por redes ha fallado en Tucumán".

Ante esta situación, la institución, comandada por Eduardo Cobos, exigió que la oportunidad de la prórroga sea utilizada para establecer "nuevas reglas claras que aseguren el libre acceso". Subrayó que es imprescindible que se posibilite "la expansión de las redes asegurando un buen nivel de provisión a los habitantes del resto de la provincia y a la mayor cantidad posible de habitantes en Tucumán".

La Audiencia tuvo como objetivo recabar información para que las unidades técnicas del ENARGAS efectúen la evaluación preliminar. De este modo, concluyó sin una resolución, ya que el paso siguiente para el ente regulador es analizar el resultado del acto de participación ciudadana "a fin de elevar una propuesta a la Secretaría de Energía de la Nación para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el temperamento a seguir en lo atinente a la habilitación por un periodo de licencia adicional". El Poder Ejecutivo Nacional, a través de dicha Secretaría, es la autoridad competente para resolver sobre la prórroga solicitada por las distribuidoras.