
Tucumán se prepara para enfrentar un nuevo escenario en los costos de los servicios públicos tras confirmarse un incremento en la tarifa eléctrica que promediará el 10% en el monto final de las facturas. Esta suba responde a una decisión del Gobierno Nacional de ajustar en un 20% el valor de la energía estacional, una medida que impactará de manera generalizada en todas las categorías de usuarios desde el 1° de febrero. Según explicó Ricardo Ascárate, interventor del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT - foto inferior), este ajuste no representa una ganancia para la distribuidora local (EDET), sino que es un mecanismo de transferencia: "La distribuidora no cobra un centavo de esto. Esto es dinero que recauda de los usuarios para pagar a las empresas que proveen la energía, en este caso TRANSNOA y las empresas generadoras", sostuvo el funcionario en declaraciones al programa "Los Primeros".
Sin embargo, este incremento nacional es solo una parte de la presión que sufrirán los bolsillos tucumanos. Al ajuste ya vigente, deberá adicionarse en el corto plazo el nuevo cuadro tarifario que la empresa solicitó formalmente durante la reciente audiencia pública para la Revisión Tarifaria Integral 2025-2030. La distribuidora justificó su pedido en la necesidad de financiar un ambicioso plan de inversiones de $220.000 millones para los próximos cinco años, argumentando un desfasaje frente a la inflación y un crecimiento del 30% en la demanda de potencia. Este requerimiento generó fuertes cruces, ya que sectores críticos y legisladores denuncian que se pretende autorizar nuevas subas sobre un servicio que califican de deficiente.

En paralelo, el panorama se complejiza con la desaparición del sistema RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), marcando el fin de las categorías N1, N2 y N3. En su lugar, la administración libertaria implementó el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que simplifica la asistencia en solo dos grupos: con o sin subsidio. Para mantener el beneficio, los ingresos familiares no deben superar las tres canastas básicas (unos 3,5 millones de pesos), pero se han endurecido los criterios de exclusión: poseer más de una propiedad o un vehículo con menos de cinco años de antigüedad anula el acceso a la ayuda estatal. Ascárate advirtió que los topes de consumo subsidiado ahora serán más restrictivos, situándose entre los 150 y 300 kWh mensuales según la época del año.
Finalmente, la crisis del servicio reavivó el conflicto con la transportista de alta tensión. Tras los reiterados cortes que dejaron sin luz a localidades como Concepción y Aguilares durante horas, el ERSEPT apuntó contra la falta de inversión y mantenimiento de esta firma. "TRANSNOA tuvo una falla que dejó a Concepción, Aguilares y todo el sur tucumano sin energía durante 4 a 6 horas por la caída de un árbol en una línea", detalló Ascárate. Ante este escenario, Tucumán se unió a Salta y Jujuy en un reclamo formal ante el ENRE para exigir que la transportista garantice cuadrillas con equipamiento mínimo y realice tareas preventivas de poda para evitar que el sistema colapse ante cualquier contingencia climática.