Dólar Oficial
$1.535
Dólar Blue
$1.540
Dólar Tarjeta
$1.995,50
Euro
€1.701,16
Real
R$304,31
Azúcar Tucumán · 50kg
$36.375
Azúcar Int. · Londres N5
US$24,707
Azúcar Int. · EEUU N11
US$423,29
Bioetanol de caña ($/L)
1.083
Bioetanol de maíz ($/L)
992.806

Durante décadas, la fecha recordó la llegada de Cristóbal Colón y de la corona española al continente americano en 1492 bajo el nombre de Día de la Raza. En 2010, el Decreto N° 1584 modificó esa denominación por la de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el objetivo de adecuarla a lo que establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las declaraciones de derechos humanos referidas a la diversidad étnica y cultural.
El debate sobre la denominación volvió a instalarse en los últimos años. En 2024 y en 2025, el Gobierno nacional utilizó el término “Día de la Raza” en sus comunicaciones oficiales sobre la fecha, una decisión que fue cuestionada por distintos sectores. Sin embargo, el Decreto 1584/2010, que establece el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no fue modificado por una norma posterior.
El cambio no fue solo de nombre. La categoría de “raza” fue reemplazada por una perspectiva que reconoce la multiplicidad étnica y cultural del territorio. En lugar de conmemorar una conquista, la fecha propone reconocer la historia, las lenguas y las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan desde hace siglos lo que hoy es la Argentina.
Ese enfoque se apoya en un marco legal previo. En 1985, la Ley 23.302 creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y declaró de interés nacional la atención y el apoyo a las comunidades indígenas, con planes orientados al acceso a la propiedad de la tierra, el fomento de su producción, la incorporación de sus pautas culturales en la enseñanza y la protección de su salud. Más tarde, la reforma constitucional de 1994 incorporó en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y una serie de derechos que se suman a los establecidos en instrumentos internacionales.
A ese andamiaje se sumó en 2006 la Ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas y suspendió los desalojos. Sobre la base de esa normativa se realizaron cientos de relevamientos y reconocimientos territoriales en distintas provincias.