
El paciente, identificado como D. A. P., permanecía bajo tratamiento en la institución ubicada en la calle 80, entre 5 y 6, desde finales de marzo. Tras su deceso, los allegados, asistidos por el abogado penalista Ignacio Barrios, iniciaron una acción legal para esclarecer los motivos de la muerte y las circunstancias que rodearon su atención durante los días previos a su partida.
Uno de los puntos centrales de la denuncia señala que, al solicitar la documentación clínica, el centro de salud entregó por error el legajo de otra persona y, posteriormente, informó que el registro correspondiente al paciente no podía ser localizado. Esta situación cobra relevancia crítica debido a que el certificado de defunción fue confeccionado basándose, supuestamente, en datos de dicha historia clínica, lo cual ha generado una contradicción inmediata en el expediente.
La presentación judicial incluye además el registro de una comunicación telefónica en la que directivos del establecimiento habrían insistido a la familia para que autorizara la rápida inhumación del cuerpo. Ante el complejo escenario, los letrados solicitaron el secuestro urgente de toda la documentación, registros de medicación y grabaciones de cámaras de seguridad para asegurar la preservación de pruebas fundamentales para el proceso.