De Tucumán a Chile: empleados de una armería de Tucumán traficaban armas destinadas al crimen organizado

Una inspección de rutina en un ómnibus de larga distancia en La Invernada derivó en una compleja investigación que sacó a la luz a una red acusada de traficar armas hacia Chile, con destino a organizaciones criminales. Ocho tucumanos quedaron procesados, acusados de integrar una banda dedicada a desviar armamento hacia el mercado ilegal trasandino.

La causa comenzó el 19 de diciembre de 2023, cuando la Gendarmería Nacional detuvo un ómnibus de larga distancia en la localidad de La Invernada, Tucumán. Durante el control, descubrieron a dos ciudadanos chilenos que ocultaban ocho pistolas de calibre 9 mm, .40 y .45, además de cargadores y dinero en efectivo.

La causa recayó en la Fiscalía Federal a cargo de Agustín Chit, quien ordenó el secuestro de los celulares de los transportistas. En el peritaje a los aparatos, el invesigador logró reconstruir la cadena de mandos e identificar que las armas habían sido compradas en Tucumán apenas días antes del operativo.

En ese marco, se realizaron allanamientos en la capital tucumana y Los Ralos. Se secuestraron más de 20 armas de fuego (rifles, escopetas, pistolas y revólveres), silenciadores, miras telescópicas y una gran cantidad de municiones.

Así, el Juzgado Federal N°2, a cargo de José Manuel Díaz Vélez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de ocho personas acusadas de participar en una organización dedicada a desviar armas de fuego del mercado legal hacia el circuito clandestino. El grupo, de acuerdo a la acusación, funcionaba como un eslabón de adquisición de armamento que luego era enviado de contrabando hacia Chile.

Tres de los procesados son empleados de una armería de San Miguel de Tucumán y otros dos están acusados de ser "prestanombres": es decir, se trata de usuarios legítimos que compraban las armas de manera legal. También se acusó a una persona de ser proveedor y a dos de ser intermediarios.

El delito que se les endilga es el de entrega de armas de fuego a personas no autorizadas. Aunque los acusados no irán a prisión por el momento, el magistrado les prohibió salir del país y les impuso la obligación de presentarse una vez por semana en el tribunal. Además, dictó embargos sobre sus bienes por montos que oscilan entre los 8 y 12 millones de pesos.

Cómo funcionaba la maniobra

La organización, asegura el fiscal Chit, utilizaba un esquema coordinado para obtener el armamento de forma aparentemente legal y luego ocultar su destino final. Primero, señala la fiscalía reclutaban a personas habilitadas como "legítimos usuarios" para que registraran las armas a su nombre ante la ANMAC.

Luego, los empleados de la armería, aprovechando su conocimiento técnico, agilizaban los trámites e incluso llegaban a falsificar firmas en documentos oficiales para facilitar las transferencias. En un caso, un arma secuestrada figuraba a nombre de una persona que había fallecido años antes de la supuesta compra. Una vez formalizado el trámite, las armas eran entregadas a la red ilegal para ser transportadas.

Conexión internacional

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación esta causa es parte de una investigación mucho más amplia que se tramita en Mendoza, donde 34 personas han sido enviadas a juicio por integrar una organización criminal que traficaba armas y municiones a Chile, utilizando principalmente el paso internacional Cristo Redentor.