Condenaron al exjefe policial que hacía trabajar a presos como albañiles en su casa de El Cadillal

El exjefe de la Unidad Regional Norte de la Policía de Tucumán, Gustavo Javier Beltrán, fue condenado a tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo por haber ordenado el traslado irregular de presos para que realizaran trabajos de albañilería en la construcción de su vivienda en El Cadillal.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, que también incluyó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una reparación económica mediante el decomiso de un cuatriciclo.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el excomisario utilizó su posición jerárquica al frente de la Unidad Regional Norte para montar un esquema mediante el cual detenidos eran trasladados sin autorización judicial desde las comisarías donde debían permanecer alojados para realizar tareas de construcción en beneficio personal.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira. En la audiencia, el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga explicó que Beltrán dispuso el traslado irregular de detenidos hacia la sede de la Unidad Regional Norte, donde permanecían sin arresto formal ni control judicial.

De acuerdo con la acusación, el entonces jefe policial los utilizaba para realizar trabajos de construcción tanto en dependencias policiales como en su vivienda particular en El Cadillal.

Para concretar esas maniobras, señaló la fiscalía, Beltrán empleó recursos del Estado, entre ellos un móvil policial asignado a su jefatura, combustible y la estructura operativa de la unidad regional, desviándolos de su finalidad pública para satisfacer intereses personales. Además, ordenó la inserción de información falsa en el libro de guardia para encubrir los traslados.

“El imputado se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación que incluyó el traslado irregular de detenidos y su utilización para trabajos de construcción en beneficio propio”, sostuvo el representante del Ministerio Fiscal durante la audiencia. También remarcó que “la gravedad institucional del hecho y el abuso de su función pública tornan inadecuada una pena de ejecución condicional”.

El juez interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado por el cual Beltrán fue condenado por peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además del delito de falsificación de instrumento público.

 

Cómo operaba el esquema

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, entre principios de agosto y el 11 de noviembre de 2025, Beltrán ordenó el traslado irregular de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha y Choromoro hacia la sede de la Unidad Regional Norte, ubicada en la ciudad de Tafí Viejo.

Los movimientos no eran registrados en los libros oficiales de la dependencia y se realizaban sin comunicación a la autoridad judicial competente.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 11 de noviembre, cuando se asentó falsamente en el libro de guardia que un móvil policial trasladaba a dos detenidos para alojarlos en la comisaría de Chuscha. En realidad, la camioneta se dirigió a la casa de veraneo en construcción de Beltrán en El Cadillal, donde los presos realizaron tareas de albañilería por orden del propio comisario.

La maniobra habría sido ejecutada con la colaboración de otros efectivos, quienes participaron en la falsificación del registro oficial para encubrir el traslado.

Antes de que el juez resolviera homologar el acuerdo, Beltrán tomó la palabra y reconoció su responsabilidad. “Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad”, expresó el exjefe policial.

La condena marca el cierre judicial de un caso que generó fuerte repercusión nacional, al revelarse cómo sacaban a presos de una comisaría para que trabajen como albañiles en una vivienda de uno de los miembros de la cúpula policial.