BANDA DEL RÍO SALÍ
Cinco policías quedaron imputados por quedarse con un millón y medio de pesos en un allanamiento
De acuerdo a la acusación, irrumpieron en una casa donde hallaron el dinero y se lo llevaron sin documentarlo
Comisaría de Banda del Río Salí
Cinco policías que prestan servicios en la Comisaría de Banda del Río Salí quedaron formalmente acusados de quedarse con dinero encontrado en un allanamiento.
La medida se realizó el 28 de diciembre pasado, cerca de las 17.20, cuando los uniformados realizaron un allanamiento por una causa de robo simple en una casa ubicada en Balcarce y Jaime Freyre de esa localidad.
Allí, siempre de acuerdo a la acusación, hallaron $1,5 millones perteneciente a los dueños de casa, que retiraron sin dejar documentado.
El auxiliar de fiscal Federico Lizarraga explicó que, en razón de las funciones que desempeñaban y del procedimiento que ejecutaban, deberían haber puesto en custodia funcional el dinero, encontrándose obligados a documentar fielmente su hallazgo en el acta de actuación y a proceder conforme a las previsiones legales correspondientes.
“Sin embargo, actuando de común acuerdo y abusando de las funciones propias de sus cargos, sustrajeron la suma de dinero, apartándola de la esfera de custodia funcional derivada del procedimiento que llevaban adelante, sin secuestrarla formalmente ni ponerla a disposición de la autoridad judicial interviniente", aegumentó el acusador.
"Con el propósito de ocultar la sustracción, omitieron deliberadamente consignar en el acta de resultado del procedimiento el hallazgo de efectivo, haciendo constar un resultado negativo", agrego y consideró que, de esta manera, vulneraron los deberes inherentes a la función pública que desempeñaban.
El funcionario entendió que la calificación endilgada correspondía con los delitos de peculado y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real y en calidad de coautores. Lizarraga pidió el cumplimiento de medidas de menor intensidad por el tiempo que dure la investigación penal preparatoria, es decir, seis meses.
La jueza interviniente entendió que, por la gravedad de los delitos, debía hacer lugar a lo requerido por la Fiscalía a cargo de Mariana Rivadeneira.
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